San Salvador (AFP) – La defensa de familiares de cuatro periodistas holandeses asesinados por el ejército de El Salvador durante la guerra civil (1980-1992) solicitó este viernes al tribunal del caso que acelere sus investigaciones sobre estos crímenes cometidos hace 39 años.
«Lo que pedimos es un juicio justo, ágil y transparente que encuentre la verdad y haga justicia para los familiares de los periodistas», declaró a la AFP el director de la Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez.
Junto con abogados de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Pérez presentó este viernes una acusación contra el coronel retirado Mario Reyes Mena en el Juzgado de Dulce Nombre de María, del departamento de Chalatenango, 78 km al norte de San Salvador.
El militar figura como «el principal sospechoso de dar la orden del crimen», dijeron los acusadores, amparándose en un informe de la Comisión de la Verdad.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ahora proscrito batallón Atonal, en el área rural del municipio de Santa Rita, Chalatenango.
El equipo de periodistas había llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado en conflicto.
El tribunal de Dulce Nombre inició la causa en 1982, pero el caso se estancó porque la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá. En 1993 la causa se congeló completamente por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra.
Pero en 2016 la justicia salvadoreña declaró inconstitucional esa ley. Tras ello, el 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones, con el apoyo de la embajada de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía.
Aunque, según las normas, el caso ya estaba judicializado y debió ser retomado por el mismo tribunal.
Pérez dijo que solicitaron a la actual jueza del proceso, María Mercedes Argüello, «valentía», y que no ceda a «presiones y resistencias» de quienes «siempre han obstaculizado» la justicia en este tipo de crímenes.
«Da la impresión que el sistema de Justicia (en El Salvador) está a favor de los victimarios y no de las víctimas», subrayó.
Frente al Juzgado de Dulce Nombre de María, activistas mostraron una pancarta con el rostro de los cuatro periodistas asesinados con la inscripción: «39 años de impunidad».
En 1993, la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades de la guerra civil, concluyó que «existe plena evidencia» que en el crimen de los periodistas estaban involucrados militares.
