San José (AFP) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) comenzó este miércoles a tratar el caso de Manuela, una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un «parto precipitado» y extrahospitalario que fue tipificado de homicidio agravado.
«El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso (Manuela), en el marco del contexto sobre criminalización del aborto en El Salvador», consignó la Corte en un resumen del proceso.
La audiencia, que se prolongará hasta el jueves, se efectuá en forma virtual desde San José, Costa Rica, y enfrenta a la familia de Manuela, quien falleció de cáncer en prisión en 2010, contra el Estado de El Salvador.
El fallo podría demorar de seis meses a un año.
En la apertura de la audiencia fueron escuchados los peritos Guillermo Ortiz, un veterano ginecólogo salvadoreño residente en Estados Unidos, y la abogada argentina Laura Clérico.
En San Salvador, la abogada defensora de Manuela, Angélica Rivas, aseguró a la AFP que tiene «expectativas altas» de que la Corte va a lograr «establecer todas las violaciones» que argumentaron en su petición.
«Aspiramos que a se reconozca que Manuela fue víctima de violación a los derechos humanos múltiples», estimó Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
Herrera espera una «reparación integral» para la familia y en un acto público la «dignificación» de la imagen de Manuela y de otras 18 mujeres que aún están encarceladas por emergencias obstétricas.
Manuela no sabía leer ni escribir y vivía en una zona rural con escasos recursos. Sufría un «cáncer linfático» no diagnosticado que, según Sara García, de la Colectiva Feminista, le provocó una emergencia obstétrica.
El 27 de febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que se encontraba a unos metros de su casa.
«Manuela sabía de su embarazo pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó el feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud», aseguró en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG de Estados Unidos.
En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por la justicia salvadoreña, y el 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años de edad, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales, donde recibía tratamiento contra el cáncer linfático.
El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como «homicidio agravado», penado con hasta 50 años de prisión.
