Buenos Aires (AFP) – El exsubjefe policial Miguel Etchecolatz, emblemático torturador de la dictadura argentina (1976-83), fue condenado este miércoles a cadena perpetua por secuestros, torturas y asesinatos, la octava pena de este tipo que recibe por crímenes de lesa humanidad.
Tras poco más de dos años de juicio, el Tribunal Federal Oral de La Plata condenó a Etchecolatz, de 91 años, y a otros 15 represores por 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, al oeste de la capital.
De las 84 víctimas cuyos casos contempló este juicio, 19 siguen desaparecidas.
Recibieron condenas 16 de los 17 acusados, entre los que había expolicías, exmilitares y un civil. Diez tuvieron penas de cárcel de por vida, entre ellos además de Etchecolatz, un médico policial, tres expolicías y cinco exmilitares y el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en dictadura, el civil Jaime Lamont Smart.
Antes de escuchar la pena, Etchecolatz se puso de pie y mostró, colgado de su cuello, un cartel blanco con la leyenda: «Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa».
La audiencia se transmitió por el canal de youtube del Poder Judicial.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977 y tuvo a cargo 21 cárceles clandestinas que funcionaron en ese distrito, el más grande del país.
El exsubjefe policial está señalado también por la desaparición en 2006 de Julio López, un albañil de 77 años que fue testigo clave en un juicio en su contra. López, que ya había estado secuestrado bajo la dictadura, salió de su casa hacia tribunales y nunca llegó; jamás se supo qué pasó con él.
Quedó comprobado que la Brigada de San Justo fue además «un centro de apropiación y distribución de bebés y niños ya que en la brigada hubo detenidas desaparecidas embarazadas que dieron a luz en cautiverio y niños que permanecieron secuestrados con sus padres», de acuerdo a un documento unificado de las querellas.
Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura argentina, según organismos de derechos humanos.
Se estima que unos 400 bebés fueron robados y apropiados (entregados en adopción ilegal), de los cuales 130 pudieron recuperar su identidad.
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