Ciudad de Panamá (AFP) – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) llama a Panamá a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, que encuentra del silencio prolongado de la justicia y la oposición férrea de grupos religiosos, que protestaron este miércoles.
«Hay una situación muy grave y dramática con las personas LGBTI en Panamá», declaró en un contacto telefónico con la AFP Flávia Piovesan, segunda vicepresidenta de la CIDH.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá lleva desde 2016 sin pronunciarse sobre varias demandas de inconstitucionalidad contra el código de familia, que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer.
Ese silencio provoca «violaciones a los derechos humanos» de los grupos de diversidad sexual, indicó Piovesan, relatora de Panamá y de los derechos de la población LGBTI de la CIDH, ente autónomo de la OEA con sede en Washington.
Iván Chanis, presidente de la organización de derechos humanos Fundación Iguales, dijo a AFP que la indecisión de la justicia «es una directa violación al acceso a la justicia y a la dignidad de parejas del mismo sexo».
Las demandas ante la máximo tribunal panameño fueron presentadas por tres parejas del mismo sexo cuyos matrimonios, celebrados en otros países, no son reconocidos en Panamá.
Además, una cuarta pareja presentó un recurso ante el Tribunal Electoral.
Según reportes de la prensa local, los nueve miembros de la Corte Suprema estarían divididos sobre el asunto y ya habrían rechazado varios proyectos de resolución.
Para la segunda vicepresidenta de la CIDH, la jurisprudencia panameña debe acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales.
Al amparo de esa opinión, Costa Rica y Ecuador legalizaron el matrimonio igualitario.
Una decisión contraria al reconocimiento legal de estas uniones sería «una afrenta y una violación al derecho internacional y al sistema interamericano» por parte de Panamá, país firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, advirtió Piovesan.
Iglesia: «no es aceptable»
Pero esos deseos son rechazados por grupos religiosos y conservadores, que protestaron este miércoles en defensa de «la familia».
Ataviados con banderas panameñas y pancartas con lemas como «no es no» o «el matrimonio no es un derecho» cientos de personas mostraron su rechazo a las demandas de la comunidad LGBTI en las inmediaciones de la Corte Suprema en la capital panameña.
«Panamá dijo no al matrimonio igualitario y queremos que la Corte [Suprema] haga valer nuestra constitución y que ningún organismo internacional levante su voz e intente intervenir en las decisiones que competen al pueblo panameño», dijo Omaira Kirten en la manifestación.
Esos pedidos tienen eco en la Iglesia.
«La Iglesia defiende el matrimonio entre hombre y mujer y pedimos que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria», declaró el domingo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.
«No es aceptable que un organismo internacional» quiera «imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia», advirtió.
La indecisión de la Corte «hace sospechar de que la presión» por los grupos religiosos «es lo suficientemente fuerte para que no haya avances», dijo a la AFP Claire Nevache, investigadora asociada del Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá (CIDEM).
Un reto para el Estado
La situación de la comunidad LGBTI en Panamá fue el centro de una audiencia de la CIDH el pasado viernes, que se realizó de manera virtual.
Varios de los demandantes denunciaron discriminación -como la detención de dos lesbianas por besarse en un auto-, y rechazaron la prohibición de la homosexualidad en los códigos internos de la policía y los bomberos, así como el impedimento de donar sangre.
«Nos separan del resto, minimizan nuestro valor ante la sociedad e invisibilizan nuestra realidad, nos condenan a vivir en la oscuridad», reclamó ante la CIDH Yami, una panameña casada con otra mujer en Canadá.
El «reto que tiene el Estado panameño en sus manos» es el «reconocimiento del matrimonio igualitario», dijo durante la audiencia el presidente de la Comisión, Joel Hernández García.
El gobierno panameño reconoció que la comunidad LGBTI ha sido víctima de «discriminación, persecución y otros abusos» y se comprometió a «ofrecer garantías y mejorar» su protección.
Pero las buenas intenciones no convencen al activista histórico Ricardo Beteta.
«Con el tiempo que ha pasado no se ha logrado absolutamente nada y me da mucha pena decirlo pero vamos por el mismo camino», lamentó Beteta.
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