Ciudad de Panamá (AFP) – Panamá y la constructora española FCC, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, libran una batalla por la construcción de un hospital, cuyas obras llevan detenidas cinco años, en medio de graves acusaciones de corrupción y la pandemia que azota al país centroamericano.

La disputa se produce por los intentos de la compañía española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de concluir la construcción de un moderno complejo hospitalario en Ciudad de Panamá, pese a que falta más de 30% de ejecución de la obra.

La compañía de Slim, según las autoridades panameñas, exige la resolución unilateral del contrato y reclama a Panamá 60 millones de dólares por la paralización del proyecto desde hace cinco años.

Además, la constructora habría solicitado el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional de París para evitar el pago de los 55 millones de dólares establecidos en la fianza de cumplimiento.

Por su parte, Panamá también ha pasado al ataque y ya ha iniciado el proceso legal para liquidar el contrato y recuperar las instalaciones, en las que pretende habilitar 300 camas para pacientes con covid-19.

«Hablar de que Panamá le debe a FCC es una burla y a los panameños hay que respetarlos», dijo el jueves el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

La compañía española ganó en 2011 una licitación de la Caja del Seguro Social (CSS) por 554 millones de dólares para construir la Ciudad de la Salud, uno de los principales proyectos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

El plan incluía 17 edificios, más de 1.700 camas, medio centenar de quirófanos y 300 consultorios en unos 220.000 metros cuadrados a las afueras de la capital.

Sin embargo, las obras fueron paralizadas en 2015, durante la administración del exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019), por presuntas irregularidades en la edificación y los materiales empleados.

AFP contactó con FCC para obtener su versión pero no obtuvo respuesta.

En plena pandemia

La polémica se da en momentos en que Panamá presenta el mayor número de contagiados de covid-19 en Centroamérica. La situación ha obligado a las autoridades a adecuar hospitales y otras instalaciones para atender a los enfermos.

El gobierno teme que la reapertura escalonada de actividades económicas a partir de la próxima semana genere un rebrote de contagios, por lo que busca recuperar el inconcluso hospital.

En este momento de pandemia «necesitamos» y «vamos a utilizar la Ciudad de la Salud», aseveró Cortizo.

«Utilizaremos todos los recursos que nos dé la ley» para que las obras avancen «rápidamente» y poder atender allí a los pacientes más graves por covid-19, declaró el director de la CSS, Enrique Lau.

La CSS asegura haber pagado 343 millones de dólares al contratista, pero ahora calcula que terminar el hospital podría costar alrededor de 800 millones.

Corrupción

Durante la última década, FCC se ha adjudicado jugosos contratos públicos de infraestructura en Panamá, pero es investigada por la fiscalía anticorrupción por presuntos pagos de comisiones.

En España, la justicia imputó a FCC por presuntamente pagar en Panamá sobornos por 82 millones de dólares en varios proyectos, incluida la Ciudad de la Salud.

Los sobrecostos de construcción del hospital han sido reconocidos por la propia empresa de Slim, según fuentes judiciales.

Según el diario panameño La Prensa, varios delatores habrían involucrado a exfuncionarios de Martinelli, investigado por varios casos de corrupción, en el supuesto cobro de comisiones.

Este caso «tiene varias aristas, por un lado es un tema de corrupción» y por el otro un tema «común» de disconformidad entre un Estado y un contratista, dijo a la AFP Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

«Hay que revisar potenciales omisiones que hayan tenido los funcionarios encargados de hacer que se cumpliese la obra y las razones por la cual ha estado suspendida», agregó.

Para Carlos Lee, presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a sectores de la sociedad civil el tema es «muy complejo» porque es «mucho más que una relación contractual» mal llevada por varias administraciones.

Sin embargo, hay frustración en Panamá por no tener el hospital y por no haber personas «que respondan penalmente ante los posibles delitos cometidos» en el proyecto, dijo a AFP.

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