Montevideo (AFP) – Casi seis meses después de recalar en América Latina, el coronavirus ha causado más de 250.000 muertes y profundiza la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales.
En sus barrios marginales, con saneamientos precarios y donde la población vive amontonada, se propagaron en paralelo el virus y la desesperación por la falta de dinero a causa de la brutal reducción de la actividad económica por las medidas ante la pandemia.
Miles de familias se han visto ante el dilema de llenar el estómago o ponerse a salvo del contagio, y en el peor de los casos, no han podido eludir ni el hambre ni la enfermedad.
«A causa de esta pandemia quedé desempleada. Hay días que hasta nos saltamos una comida porque la situación está difícil», cuenta Milena Maia en su modesta casa en la favela de Heliópolis, una de las mayores de Sao Paulo con 200.000 habitantes.
Madre soltera de 36 años, limpiaba hogares pero ahora depende de las donaciones de una ONG para alimentar a sus tres hijos. Algunos de sus conocidos, dice a la AFP, murieron de covid-19 y «muchos están contagiados».
Otros, como Priscila Tomas da Silva, su marido y sus seis hijos, debieron dejar su vivienda de alquiler e improvisar una con trozos de madera y plástico en un estacionamiento de camiones en Julieta Jardim, en la periferia paulista. En pocas semanas se levantaron allí unas 700 chabolas similares, una nueva favela.
La situación se replica en el resto de Latinoamérica, y la amenaza de ser nuevamente desalojados acecha.
Estado insuficiente
Esta región representa un 9% de la población mundial y, no obstante, ha contribuido a cerca del 40% de las muertes por la pandemia en los últimos dos meses. Este simple dato «nos da una idea del impacto tan grande que ha tenido», dice a la AFP Luis Felipe López-Calva, director para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
«En ausencia de una reacción de políticas eficaz, a nivel regional podemos hablar de un retroceso de hasta 10 años en los niveles de pobreza multidimensional», agrega, al observar que, aunque los países han dado respuestas muy heterogéneas, en conjunto han «aprendido» en el proceso.
Ante la persistencia de las infecciones algunos gobiernos han dado marcha atrás a la flexibilización de los largos confinamientos, como sucedió en las últimas semanas en Perú, Argentina y Venezuela.
A la par, han implementado ayudas para los sectores de menos recursos, que a menudo son exiguas o no llegan a todos.
Chile y Perú, por ejemplo, aprobaron leyes para retirar un adelanto de las pensiones, que aportó un alivio inmediato aunque según expertos mellará los ya frágiles sistemas de protección social en el futuro.
«La cuarentena y la pandemia ponen de manifiesto realidades de siempre que se profundizan. Se visibiliza la injusticia estructural», dice a la AFP Lorenzo de Vedia, el padre Toto, en la Villa 21, una extensa barriada del sur de Buenos Aires.
«La presencia del Estado es insuficiente y desordenada», agrega. Su labor, que va desde repartir donaciones hasta consolar a las familias de luto por el virus, se ha vuelto crucial aquí.
El padre Guillermo Torres, con un rol similar en la Villa 31, dice que la solidaridad comunitaria ha sido clave para que no «explotara nada», en alusión a posibles disturbios por la asfixiante crisis.
En efecto, las ollas populares o solidarias, organizadas por doquier, han sido una válvula de escape de la creciente presión social.
No evitaron, sin embargo, que en la capital chilena hubiera semanas atrás barricadas violentas y saqueos, ni que en Bolivia varias nutridas marchas exigieran al gobierno dar más soluciones.
Nuevos pobres
En una economía que se contraerá por encima de 9%, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que el desempleo puede alcanzar este año un 13,5%. Una cifra que representa 44 millones de personas sin trabajo, 18 millones más que en enero.
Casi dos tercios de los trabajadores actuales están expuestos a quedar sin empleo, perder horas de trabajo o ingresos, advierte por su parte la Organización Internacional del Trabajo.
Como resultado, la epidemia expulsará de la clase media a 45 millones personas, para sumar 231 millones de pobres (37% de la población), dice la Cepal.
Perú, que creció en los últimos años por encima del promedio regional, vio hundirse su PIB en un 17%, y las familias de ingreso medio, que venían ascendiendo sostenidamente en número desde hacía 15 años, se tambalean.
Es lo que les pasó a Sara Paredes y Raúl Cisneros, un matrimonio que de un día para otro se quedó sin ingresos.
«Ya vamos cinco meses que nadie me ha dado un trabajo de traducción, menos de interpretación», dice él, traductor y profesor de quechua de 46 años.
Ella, de 45, no pudo seguir dando sus clases en la Escuela de Bellas Artes ni sus presentaciones teatrales. A duras penas pueden alimentar a sus dos hijos, pero no pagar el apartamento que habitan en Magdalena del Mar, Lima.
Condiciones preexistentes
A la precariedad laboral o la deficiente atención sanitaria se pueden sumar peores registros de muertes por enfermedades tratables como el dengue, de la violencia doméstica y del abandono escolar.
Y la inseguridad amenaza con dispararse. En países como Guatemala y El Salvador, enormemente dependientes de las remesas –en mínimos históricos–, la violencia de las pandillas se recrudeció después de una baja al principio de la pandemia.
«Así como los individuos más vulnerables a la pandemia son aquellos con lo que médicamente se llama condiciones preexistentes, también las economías y las sociedades más vulnerables a la pandemia han sido aquellas con condiciones preexistentes, es decir, con alta desigualdad, con inefectividad de algunas políticas e instituciones públicas, con baja confianza en las instituciones y con incapacidad fiscal», resume López-Calva.
Reconociendo que ningún país estaba preparado para hacer frente a una crisis «de gobernanza, sistémica» de tal magnitud, advierte que «el impacto social está empezando a tener un efecto sobre la capacidad de la gente de resistir».
La Cepal insiste en la pertinencia de habilitar un Ingreso Básico de Emergencia durante seis meses a toda la población vulnerable de América Latina, así como un Bono Contra el Hambre mensual.
También propuso períodos de gracia en créditos a pequeñas y medianas empresas, políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo de gasto y acceso al financiamiento en condiciones favorables para países de renta media, en particular para el Caribe, muy golpeado además por los efectos del cambio climático.
Tras seis meses de pandemia, los contagios superan los 6,4 millones en 620 millones de latinoamericanos.
En muchos hospitales urbanos y rurales de América Latina, la infraestructura para atender casos de covid-19 ha colapsado, en parte como resultado de sistemas de salud subfinanciados.
Pero como alertó recientemente Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, «no hay reactivación posible sin un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de testeo, trazabilidad y confinamiento».
