San José (AFP) – Yassuri Potoy Ortiz, una joven trans, era estudiante avanzada de enfermería cuando estallaron las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega en su Nicaragua natal.
Nunca se había involucrado en la política, pero al ver la represión que sufrieron ancianos y estudiantes en los primeros días de protestas, se dispuso a atender a las víctimas de la acción policial.
Pagó un precio alto por su ayuda humanitaria: fue expulsada de la universidad pública donde estudiaba y ella y su familia comenzaron a sufrir amenazas.
Ante el riesgo que enfrentaba, huyó a Costa Rica, como lo hicieron decenas de miles de nicaragüenses que escaparon de la represión.
Al igual que lo han hecho centenas de centroamericanos de la comunidad LGBTI que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen.
«Parte del motivo por el que yo decidí irme fue por la forma inhumana en que trataban a la gente en las cárceles, donde muchas personas de la comunidad LGBTI fueron víctima de abuso, tortura, maltrato, y las chicas trans fueron víctimas de denigración, al exponer sus cuerpos desnudos para ser objeto de burla», contó Potoy a AFP en su casa en un poblado rural del Caribe costarricense.
«Si me quedaba (en Nicaragua), tarde o temprano me iban a encarcelar», dijo la joven, quien no quiso revelar su edad.
Huyendo de violencia
Como ella, centenas de centroamericanos de la diversidad sexual encontraron refugio en Costa Rica, un país conservador y religioso que ha dado pasos lentos para reconocer los derechos de la población LGBTI, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, que entró en vigor en mayo pasado.
El hondureño Dennis Castillo, de 35 años, fue uno de los primeros centroamericanos LGBTI en recibir refugio en Costa Rica por la persecución que sufrió en su país debido a su activismo por los derechos LGBTI.
«Llegué a Costa Rica en 2012 cuando tomé la decisión de salir huyendo de Honduras», contó Castillo a AFP en una entrevista por Zoom.
Cuatro años antes había sido testigo del asesinato de un colega en una organización defensora de los derechos de la diversidad sexual, y tras interponer la denuncia del «crimen de odio», sufrió amenazas, hostigamiento y persecución.
«En Honduras persiguen a las personas LGBTI, hay más de 370 crímenes desde 2008 a 2019, y en lo que va de este año ha aumentado la cifra de crímenes», aseguró Castillo, quién lidera en Costa Rica el Instituto sobre Refugio LGBTI para Centroamérica (IRCA Casa Abierta).
Calculó que hasta 10% de los 5.000 refugiados en Costa Rica son LGBTI. Cifras oficiales indican que el país de 5 millones de habitantes brinda asilo a más de 400.000 extranjeros.
«En Costa Rica no hay esa magnitud de crímenes. Hay discriminación y violencia a la población sexualmente diversa, pero Costa Rica se ha adherido a las convenciones que velan por el respeto a las personas refugiadas y las personas LGBTI, cuenta con una amplia trayectoria de protección a víctimas de desplazamiento forzado y un marco legal fuerte», explicó Castillo.
Fueron esas mismas condiciones las que atrajeron a Carlos Daniel Berríos, un estudiante y defensor de derechos humanos nicaragüenses de 28 años, quien dejó su país en medio de las protestas de 2018, al igual que Yassuri Potoy Ortiz.
Espacio para activismo
Hijo de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del presidente Ortega, Berríos contó que en Nicaragua «si sos de la comunidad de la diversidad sexual, se multiplica la violencia institucional, física, económica y simbólica».
Al salir de Nicaragua, Berríos continuó su activismo en derechos humanos a nivel centroamericano, mientras cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.
«Costa Rica sigue presentando condiciones para ejercer la defensa de los derechos humanos (…) En Centroamérica se ha vuelto demasiado común las desapariciones forzadas, activistas que aparecen muertos, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos», lamentó.
Aún así, Yassury Potoy Ortiz teme revelar dónde vive, en un pequeño poblado rural donde hace teletrabajo para una organización que apoya a los migrantes, y realiza activismo con la ONG Mesa y Articulación LGBTI, que da apoyo a migrantes de esa comunidad.
«No me siento del todo segura porque personas fieles a Ortega se encuentran en este país y son capaces de hacer muchas cosas malas, más cuando se ha asumido la defensa de las personas LGBTI y demandando libertad para los presos políticos» dijo Potoy Ortiz.
