La Paz (AFP) – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ratificó este miércoles las elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 18 de octubre, como fecha definitiva, una decisión que fue rechazada por sindicatos de obreros y campesinos que anunciaron que mantendrán los cortes de ruta.
Autoridades del TSE se reunieron por horas con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de campesinos e indígenas, afines al expresidente Evo Morales, para analizar la fecha de los comicios.
«El Tribunal Supremo Electoral ha expresado que el 18 de octubre es la fecha más adecuada y es la fecha definitiva del proceso electoral, porque es la fecha en la que tenemos las mejores garantías de salud, después de haber pasado el pico de la pandemia», afirmó su presidente Salvador Romero.
Las elecciones, que sustituyen a la anulada votación de octubre de 2019 debido a denuncias de fraude que desencadenaron en la renuncia de Morales, fueron programadas inicialmente para el 3 de mayo y han sido aplazadas dos veces. El último cambio fue del 6 de septiembre para octubre.
Por parte de los sindicatos, el máximo líder de la COB, Carlos Huarachi, dijo que no fueron aceptados sus pedidos para que la votación tenga lugar antes del 18 de octubre.
«Lamentamos la actitud de los vocales del Tribunal Electoral, no quieren mover la fecha de elecciones del 18 de octubre, para nosotros esto es hacerse la burla del pueblo boliviano», aseguró.
Huarachi ratificó, por lo tanto, que se mantienen los cortes de ruta que se registran en seis de los nueve departamentos del país.
Los partidarios de Morales creen que el aplazamiento busca perjudicar la candidatura de su delfín, Luis Arce, que se postula por el Movimiento al Socialismo (MAS), y que supera en los sondeos al exmandatario centrista Carlos Mesa y la mandataria interina Jeanine Áñez.
El gobierno dijo alarmado que los bloqueos están perjudicando el transporte de insumos médicos, como oxígeno, clave para tratar a enfermos de Covid-19, que a la fecha dejá más de 85.100 personas contagiadas y 3.385 muertos, de una población de 11 millones.
Por su parte, la ONU hizo «un llamado urgente a permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria», mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que «condena que manifestantes impidan el paso a camiones cisterna de oxígeno y ambulancias, necesarios para atender la pandemia».
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