Washington (AFP) – Estados Unidos prohibió la entrada al país a dos ex altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, luego de haber sido señalados por Washington por su presunta vinculación con los apagones que colapsaron el país en 2019.
Luis Alfredo Motta, exministro de Energía Eléctrica de Venezuela, y Eustiquio José Lugo, exviceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas, fueron acusados por el Departamento de Estado de corrupción y de aceptar sobornos y se les prohibió de forma indefinida la entrada a Estados Unidos.
«Ellos fueron designados por aceptar beneficios financieros, incluyendo sobornos y comisiones clandestinas a cambio de entregar contratos lucrativos de equipamiento de la compañía estatal de electricidad Corpoelec», señaló el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Los dos antiguos funcionarios también fueron acusados de malversar fondos públicos para su propio beneficio.
La administración Trump lidera una campaña internacional para propiciar la salida del poder de Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por considerarla fraudulenta, además de acusarlo de corrupción y graves abusos de los derechos humanos, así como de la debacle económica de la otrora potencia petrolera.
El Departamento de Estado indicó que ambos exfuncionarios y sus familiares directos tienen prohibida de forma indefinida la entrada a Estados Unidos.
Motta es un general en retiro que fue sacado del cargo de ministro en abril de 2019 en medio de los apagones que provocaron caos en el país.
Por su parte Lugo estaba a cargo de las adquisiciones de Corpoelec, según las autoridades estadounidenses.
Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por lavado de dinero en un tribunal de Florida, un proceso que data de junio de 2019.
En sus esfuerzos por sacar a Maduro, el gobierno de Trump reconoció al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó como presidente interino.
El delegado de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio afirmó que ambos exfuncionarios son responsables, junto a Maduro, de la crisis eléctrica que «mantiene sufriendo a más de 80% de Venezuela» y que es especialmente aguda en el estado de Zulia.
