Ciudad de Panamá (AFP) – Los familiares de los pasajeros, en su mayoría judíos, que murieron en Panamá en 1994 tras explotar el avión en el que viajaban, aún esperan justicia y conocer la verdad de esta tragedia que Estados Unidos e Israel consideran como un atentado terrorista.
La abogada panameña Abigail Benzadón recuerda perfectamente aquel día nublado del 19 de julio de 1994, cuando su esposo, Moshe Pardo, tomó un avión en el aeropuerto Enrique Jiménez, en la provincia caribeña de Colón (norte) con destino a Ciudad de Panamá.
Pardo no iba a volar, pero una cita médica le hizo cambiar de opinión. La aeronave, con 21 personas a bordo, nunca llegó a su destino al estallar en el aire. Todos sus ocupantes, en su mayoría empresarios hebreos, fallecieron.
«A los 26 años del atentado, de parte de la justicia no espero absolutamente nada. Por parte de las autoridades de Panamá no hay mayor esperanza de que algo vaya a pasar», dice Benzadón a la AFP.
«Consideramos que al igual que cualquier delito se debe investigar hasta las últimas instancias, de modo que el atentado no quede impune», indica a la AFP Alberto Levy, miembro del Comité Conciencia Viva, un grupo creado en recuerdo a las víctimas.
Cabos sueltos
Durante este tiempo las autoridades panameñas han esbozado dos teorías: una que podría tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico y otra que se trató de un ataque antisemita.
En 1995, Estados Unidos ofreció dos millones de dólares a quien diera pistas sobre este caso, que no dudó en incluir en un informe sobre terrorismo. Incluso lo relacionó a una posible acción de un comando suicida del movimiento chiíta libanés Hezbolá.
«Todo hace indicar que se trató de un atentado y hay muchas preguntas e hilos sueltos todavía para conocer la verdad», afirma a la AFP el rabino Gustavo Kraselnik.
En Panamá las investigaciones arrojaron que un hombre llamado Ali Hawa Jamal, quien había viajado a Líbano, habría explotado en pleno vuelo un artefacto explosivo escondido en un aparato de radio.
El FBI sospecha incluso que el posible atentado de Panamá fue realizado por el mismo «grupo terrorista fundamentalista musulmán» que un día antes puso una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.
Miembros de esa organización fundamentalista «pueden haber ayudado a Jamal en el atentado», señala el FBI.
«Fue un hecho criminal que no tenía antecedentes en Panamá», recuerda a la AFP Juan Antonio Tejada, fiscal primero superior en aquellos años.
Las investigaciones lograron establecer, según Tejada, que Jamal «utilizó una dinámica que es propia de actos terroristas», como hacerse explotar para dificultar su identificación, relata Tejada.
Al final no hubo juicio porque con la muerte de Jamal finalizó la acción penal.
«Quedará impune»
El caso tomó otro impulso en 2018 tras unas declaraciones del entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, en las que pedía reiniciar las investigaciones por una información obtenida durante una visita oficial a Israel.
Según Varela, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le comunicó que el servicio de inteligencia de su país confirmó que la caída del avión fue un «atentado terrorista» llevado a cabo presuntamente por Hezbolá.
Poco después, la Fiscalía Superior de descarga reabrió el caso «para investigar un supuesto caso de terrorismo».
Las esperanzas para los familiares de las víctimas se centran ahora en poder llevar ante la justicia a los posibles cómplices. Pero los expertos advierten que no siempre la información de inteligencia se puede llevar a juicio.
«Confiamos que las autoridades harán sus funciones. No permitiremos el olvido de nuestros hermanos», declara a la AFP Linda Cohen, directora del Comité Conciencia Viva.
Mientras tanto, Ana Karina Smith aún recuerda el día que perdió a su abuelo. Tenía 18 años y no puede olvidar la confusión y la desesperación durante aquellas horas.
«Por muchos años no tuvimos ningún conocimiento de lo ocurrido, nada. Al cabo de unas semanas me fui a Estados Unidos y curiosamente mis amigos judíos en la universidad sabían bastante más de lo que yo sabía», lamenta a la AFP.
«Fue sumamente doloroso. Para mí es fundamental dar a conocer los hechos porque a través de los años he percibido un gran desconocimiento», agrega.
Sin embargo, Benzadón advierte: «El caso está impune y se quedará impune».
