Buenos Aires (AFP) – Una histórica puja entre las patronales de agricultores y los gobiernos argentinos por el impuesto a las exportaciones más rentables como la soja, volvió con una huelga la semana próxima, que constituye la primera de un sector contra el gobierno de Alberto Fernández.
Las cuatro gremiales de productores paralizarán por cuatro días la comercialización de granos y ganado en rechazo a un incremento de 30% a 33% en los impuestos sobre las ventas al exterior de soja y derivados, en la primera huelga desde que Fernández (centroizquierda) asumió en diciembre pasado.
Una huelga similar duró tres meses en 2008 y mantuvo en vilo al país, por rutas cortadas con tractores y manifestaciones multitudinarias a favor y en contra, hasta que el gobierno de la también peronista Cristina Kirchner (2007-2015 y hoy vicepresidenta) tuvo que enviar su propuesta impositiva al Congreso donde perdió la votación.
«Una vez más los productores agropecuarios de todo el país nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del hombre como tal, nuestro trabajo», dijo la entidad que más empujó el paro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Fernández deploró el paro y declaró a la prensa local: «Ya negociamos, pero ellos quieren ganar siempre».
El ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo que el alza impositiva «respetó la equidad territorial y social» al establecer valores diferenciales en el tributo, de manera que paguen más los grandes propietarios y menos los productores más pequeños.
Con sólo 85 días en el poder, Fernández había exhortado el domingo desde el Congreso a los productores más ricos a que hicieran un esfuerzo para normalizar una economía, que lleva casi dos años de recesión.
– Provee alimentos, pero padece hambre –
Tras otorgar tarjetas alimentarias contra el hambre en un país con más de 35% de pobreza, Fernández está embarcado en negociaciones clave para la gobernabilidad con el FMI y acreedores, en busca de evitar un nuevo default de la deuda pública de 323.000 millones de dólares, un 91% del PIB.
El presidente considera que Argentina no puede pagar la deuda si el país no crece. El FMI le dio la razón y dijo que «la deuda no es sostenible» y que no es «económicamente y políticamente factible» aplicar nuevos ajustes fiscales.
El organismo ha pedido a otros acreedores que acepten quitas de capital o intereses, o ambas cosas, para facilitar una salida al atribulado país sudamericano.
Argentina es uno de los mayores proveedores de alimentos del planeta. Factura entre 25.000 y 30.000 millones de dólares anuales por este concepto, monto que en promedio representa un tercio de las exportaciones, pero ahora, con la recesión, alcanza casi la mitad de las ventas.
El plan del gobierno aplica la máxima retención o impuesto por derechos de exportación a los productores de más de 1.000 toneladas de soja, y escalas diferenciales en descenso a los más pequeños, hasta un mínimo de 21%.
«De los 25 cultivos de Argentina, subimos las retenciones a uno solo, la soja», había declarado Fernández.
Hace dos meses, las exportaciones de soja eran gravadas con 30% y el resto de los productos agrícolas, como el maíz y el trigo, con una tasa de 12%.
Argentina vuelve a vivir un conflicto de alta tensión como el de 2008, que Kirchner consideró «un intento de destitución» por el grave desabastecimiento que se generó y los enfrentamientos en las rutas.
Fernández era en aquel momento jefe de gabinete y renunció a su cargo en medio del choque con el campo.
– «Piquetes» en las rutas –
Ahora, CRA convocó a una toma de rutas, en un país cuyo transporte de mercaderías y granos depende de estos corredores viales. «Nos veremos en las rutas», desafió la asociación al gobierno.
«Nuevamente será el campo el que pagará las deudas y los costos de una crisis que no generamos», expresó la Sociedad Rural de San Pedro (norte), una de las más activas en 2008.
Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja y alcanzó ese puesto en aceite de soja en 2019.
En 2019, la contracción económica llegó al 2,1%, y al 2,5% en 2018. El país sufre una inflación de más de 50% anual, con aumento de la pobreza y el desempleo.
