Ciudad de Guatemala (AFP) – El Congreso guatemalteco modificó una ley para que el gobierno ejerza mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, informó este miércoles el Legislativo, una acción criticada por activistas y organismos internacionales.
«Las ONG’s necesitan un marco regulatorio actual y moderno, que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes», señaló el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, integrante del partido oficial Vamos (derecha).
La modificación a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo fue aprobada la noche del martes con el voto de 81 de los 160 diputados, la mayoría de bloques derechistas.
Por su lado, la congresista Lucrecia Hernández Mack, del Movimiento Semilla (centroizquierda), criticó la reforma al señalar que los cambios pretenden «la criminalización pura y dura de las organizaciones sociales y represión de la ciudadanía».
La iniciativa venía siendo discutida desde la pasada legislatura, que finalizó el pasado 14 de enero, y la aprobación final del proyecto fue introducida de forma extraordinaria en la sesión del martes.
La nueva legislación crea un mayor control estatal a las finanzas de las oenegés y da al gobierno la posibilidad de intervenirlas y disolverlas, entre otras facultades.
El presidente Alejandro Giammattei declaró a periodistas que analizará el decreto ley que aprueba las reformas antes de decidir si lo promulga o veta, aunque insistió que los guatemaltecos «sin excepción» deben «aprender» que la transparencia debe regir en el manejo de fondos públicos.
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que «en la práctica», las nuevas atribuciones al Ejecutivo «podrían usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar la labor de las» ONG y llamó al veto presidencial.
La ONU advirtió el martes que la modificación a la ley «podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada».
«Esta acción de las y los diputados que integran el Pacto de Corruptos pretende limitar la labor de las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil. Busca coartar la organización social y la expresión político-social de las organizaciones sociales de Guatemala», agregó el colectivo local Coordinación de ONG y Cooperativas
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