La Paz (AFP) – Cinco campesinos leales al exmandatario Evo Morales murieron este viernes en enfrentamientos con la policía y el ejército en Bolivia, donde la presidente interina, Jeanine Áñez, aseguró que su predecesor deberá «responder a la justicia» si vuelve de su exilio en México.
La proclamación de la derechista Áñez como mandataria el martes, en una sesión sin quorum reglamentario y tras la dimisión de todos los que la precedían en la línea sucesoria, ha indignado a los seguidores de quien fue líder sindicalista cocalero en la región de Cochabamba (centro), antes de convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia.
Cinco cocaleros partidiarios de Morales fallecieron, según pudo comprobar la AFP, en las afueras de la ciudad de Cochabamba, donde miles de manifestantes se enfrentaron durante todo el día a las fuerzas de seguridad que les impedían avanzar hacia el centro de la localidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó los cinco fallecidos y señaló que había un número indeterminado de heridos. Condenó asimismo en un comunicado el «uso desproporcionado de la fuerza policial y militar», especialmente el de las armas de fuego para reprimir las protestas.
Los manifestantes «portaban armas, portaban escopetas, bombas molotov, bazucas caseras y artefactos explosivos», razón por la que fueron detenidas más de 100 personas, según el comandante policial de Cochabamba, el coronel Jaime Zurita.
Los pro-Morales mantuvieron también la presión en La Paz, la capital administrativa del país, donde se registraron nuevos disturios y la policía y los militares dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Horas antes, miles de partidarios de Morales habían vuelto a bajar desde la ciudad vecina de El Alto hasta La Paz para mostrar su cólera cerca de la sede del gobierno, como en los días anteriores.
– «Grupos subversivos armados» –
La presidenta interina denunció la presencia en su país de «grupos subversivos armados», compuestos por extranjeros y bolivianos, cuyo objetivo es bloquear la distribución de hidrocarburos mediante el uso de «explosivos».
En su primera reunión con la prensa extranjera, Áñez dijo que Morales «se fue solo» de Bolivia y que tendría que «responder a la justicia» si regresara al país.
«Hay un delito electoral», indicó la exsenadora en referencia a los comicios del 20 de octubre ganados por Morales a raíz de «graves» irregularidades, según observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«Hay muchísimas denuncias de corrupción en su gobierno», añadió. «Él (Morales) tiene cuentas pendientes en el país».
Tres días después de asumir la presidencia, Áñez, una abogada de 52 años, se comprometió a celebrar «elecciones (presidenciales y legislativas) transparentes».
Morales, asilado en México desde el martes, renunció el domingo tras perder el apoyo de las fuerzas armadas, después de tres semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios.
Desde su dimisión, tras casi 14 años en el poder, son sus partidarios los que han llenado las calles para mostrar su descontento, convencidos de que su salida se debió a un «golpe de Estado» urdido por la oposición.
– Giro en la política exterior –
El cambio más significativo entre la presidencia de Morales y las primeras decisiones de Áñez tiene que ver con las relaciones entre Bolivia y sus vecinos latinoamericanos.
El nuevo gobierno interino anunció este viernes, a través de la canciller, Karen Longaric, la expulsión de todos los diplomáticos de Venezuela, una medida muy simbólica dados los fuertes vínculos que unían a Morales y al difunto presidente venezolano Hugo Chávez.
La víspera había reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en lugar del mandatario Nicolás Maduro.
Igualmente, desvinculó al país del Tratado del ALBA, un bloque latinoamericano de izquierda, integrado además por Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), creado en 2008 por iniciativa de Chávez y del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Este viernes, la cancillería boliviana también anunció que Cuba repatriará a 725 «funcionarios de cooperación», en su mayoría médicos y maestros, mientras que el gobierno de la isla denunció la detención de seis miembros de su brigada médica y exigió su inmediata liberación.
La jefa de esa brigada médica fue liberada finalmente tras ser retenida e interrogada por la policía, informó el Ministerio de Salud de Cuba, José Angel Portal.
