Caracas (AFP) – Venezuela ordenó la salida este domingo del cuerpo diplomático de El Salvador, en respuesta a la expulsión por San Salvador de los representantes de Caracas, en un nuevo conflicto internacional para el gobierno de Nicolás Maduro, enfrentado a una dura presión internacional para que abandone el poder.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó la noche del sábado al cuerpo diplomático venezolano abandonar el país en 48 horas, al ratificar su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado del país petrolero.
De esa manera El Salvador se une a más de 50 países que, liderados por Estados Unidos, presionan por la salida de Maduro y por que en su reemplazo asuma Guaidó, quien celebró en Twitter el «espaldarazo a la causa venezolana» de Bukele.
«El gobierno de El Salvador expulsa al cuerpo diplomático del régimen de Nicolás Maduro, siendo coherente con las reiteradas declaraciones del presidente Nayib Bukele, en las que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro», indicó la presidencia salvadoreña en un comunicado.
Aduciendo el «principio de reciprocidad» y tildando de «inaudito» el anuncio del gobierno de Bukele, Maduro declaró este domingo «personas non gratas» a los integrantes del cuerpo diplomático salvadoreño y les dio 48 horas para abandonar Venezuela.
Bukele señaló este domingo en su cuenta de Twitter que los diplomáticos salvadoreños que han sido expulsados por Caracas no fueron nombrados por su gobierno sino que fueron «funcionarios nombrados 100%» por el gobierno del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), «a quienes llamaban sus amigos».
Para la cancillería venezolana, el mandatario salvadoreño «asume oficialmente el triste papel de peón» de Estados Unidos.
En su ofensiva contra Maduro, el gobierno de Donald Trump aplica una batería de sanciones que incluyen un embargo petrolero -sector que aporta 96% de los ingresos de Venezuela- y el congelamiento de los activos del país en Estados Unidos.
– Izquierda critica, derecha apoya –
Una representante del opositor partido izquierdista salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nidia Díaz, criticó la decisión de Bukele, condenando «una política servil al imperio norteamericano».
Pero el principal partido de oposición, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), apoyó una decisión «correcta», a la vez que señaló que la relación estrecha que el FMLN -en el poder entre 2009 y 2019- mantuvo con el gobierno de Maduro «dañó la democracia en la región».
Desde antes de asumir el gobierno en junio pasado, Bukele había dicho que mantendría una relación «lejana» con el gobierno de Maduro -respaldado por los militares, Cuba, China y Rusia- y que se acercaría a Estados Unidos.
De hecho, el embajador estadounidense en San Salvador, Ronald Johnson, aplaudió en Twitter a Bukele por «asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia al reconocer» a Guaidó, que intenta reactivar la presión de calle contra Maduro.
– «A favor de la democracia» –
El gobierno chavista acusó a Bukele de darle oxígeno a la «menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo económico (…), haciéndole honor al trato humillante que el gobierno de Estados Unidos le ha dado» a los migrantes salvadoreños.
El gobierno de Bukele recordó que ha apoyado resoluciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) en respaldo a informes de la ONU que denuncian graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela, sumida en una grave crisis socieconómica.
Además, remarcó que «reconoce la legitimidad» de Guaidó «mientras se realicen elecciones libres».
«El Salvador siempre estará a favor de la democracia y defiende los Derechos Humanos; por ello, apoyará votaciones libres, supervisadas por la comunidad internacional y que garanticen la voluntad del pueblo hermano de Venezuela», señaló la Presidencia en el comunicado.
Díaz, jefa de la bancada del FMLN en el Congreso, condenó esa postura por considerar que Guaidó «no ha sido electo democráticamente» sino que «lo quiere imponer» Washington.
Un informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en julio pasado que el gobierno venezolano reportó 5.287 muertes por «resistencia a la autoridad» en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. Muchos de esos casos, según Bachelet, pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.