Caracas (AFP) – Dos militares venezolanos fueron condenados este martes a más de seis años de prisión por la muerte de Rafael Acosta, un capitán de la Armada fallecido bajo arresto por presuntas torturas, un caso que generó amplia condena internacional.
Una corte de Caracas impuso seis años y ocho meses de cárcel al sargento Estiben Zárate, de 22 años, y al teniente Ascanio Antonio Tarascio, de 23, al declararlos culpables de «homicidio preterintencional», dijo a la AFP el abogado de la víctima, Alonso Medina Roa.
Ambos están adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana.
Medina rechazó, sin embargo, que el tribunal no hubiera precalificado el delito de tortura, pues según la defensa y dirigentes opositores el capitán de corbeta murió a consecuencia de malos tratos.
Se está «ignorando lo establecido en la ley contra la tortura», que establece entre 15 y 25 años de prisión a funcionarios que incurran en tratos crueles e inhumanos contra personas bajo arresto, añadió el jurista.
Acosta, de 50 años, falleció el 29 de junio en un hospital de Caracas, ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Fue internado tras sufrir un colapso en el tribunal adonde había sido llevado horas antes desde los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde estaba preso.
Según activistas de derechos humanos, ese día presentaba «graves signos de tortura» y estaba en silla de ruedas.
El cuerpo del capitán fue sepultado el 10 de julio bajo custodia de autoridades tras una «inhumación controlada», procedimiento que su defensa y familiares tildaron de ilegal.
«Las maniobras que han hecho han sido para burlar el debido proceso», afirmó Medina, indicando que el caso salpicaría a la cadena de mando del DGCIM.
La muerte del militar fue condenada por varios gobiernos, mientras la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se dijo conmocionada de que la misma hubiera podido ser resultado de torturas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 477 «presos políticos», de los cuales 369 son civiles y 108 militares.
