San Salvador (AFP) – Mónica Linares acude puntual a trabajar como directora de una organización que vela por los derechos de las mujeres trans en El Salvador, un país donde la violencia de las pandillas y las fuerzas de seguridad las empuja a emigrar o morir.
En medio de edificios de una institución carcelaria estatal, oficinas privadas y una universidad, se ubica el local en San Salvador de la asociación Aspid-Arcoiris Trans.
Linares, ella también una mujer trans, explica que no es solo la criminalidad lo que golpea a su comunidad sino la violencia que sufren de agentes del Estado, en particular de la policía, en un país considerado uno de los más violentos del mundo.
«Seguimos siendo víctimas, lo que queremos es decirles: señores del Estado, nos están matando ¡y ustedes no están haciendo nada!», reclama.
– Vidas amenazadas –
Linares cuenta que la comunidad LGBTI en El Salvador sufre maltratos, rechazo e intolerancia, que muchas veces se traduce en violencia homicida.
Una situación similar vive Honduras, donde la población sexualmente diversa es particularmente vulnerable a la ola de violencia en el país.
«Desde 2009 han sido asesinados más de 300 miembros de la comunidad LGBTI, pero solo 10% han sido judicializados y solo en tres ha habido sentencias condenatorias», comenta a AFP Dany Montecinos, coordinador de la organización hondureña Kukulcán.
En El Salvador, datos de organizaciones LGBTI indican que solo en 2018 hubo 14 asesinatos de personas trans, nueve de ellas mujeres. En 2019 se registran hasta el momento cuatro asesinatos de mujeres trans.
La directora de Aspid-Arcoiris Trans dice que la expectativa de vida de una mujer trans en El Salvador no sobrepasa los 35 años.
A sus 40 años de edad, Linares siente que es «un sueño» tener esa edad «y seguir viva».
Lo mismo considera Bianka Rodríguez, presidenta de la asociación Comcavis Trans, quien a sus 26 años está plenamente consciente del peligro de ser trans en El Salvador.
«Da miedo ser una mujer trans por todas las situaciones de intolerancia y violencia sistemática», sostiene Rodríguez, quien la semana pasada fue galardonada con el Premio Nansen por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por su lucha en favor de los derechos de la comunidad LGBTI.
Como una señal de la poca atención que las instituciones dan al tema, ambas organizaciones evocan la falta de cifras confiables tanto del número de personas de la comunidad LGBTI como de los casos de víctimas de delitos y crímenes de odio por razón de género.
Rodríguez, cosmetóloga de profesión, lamenta que esa falta de cifras ha contribuido a que esta minoría «esté invisibilizada».
– Pandillas y migración –
El acoso y el temor a las violentas pandillas obligan a muchos pobladores sexualmente diversos a abandonar forzosamente su hogar y su vecindario para escapar de esa situación, mientras otros han tenido que emigrar fuera de El Salvador.
«Existe ese acoso por parte de pandillas», agrega Linares, tras recordar que en los últimos años al menos 15 mujeres trans que laboraban en Aspid-Arcoiris se vieron forzadas a huir del país para salvaguardar su vida.
«Existe la denuncia, pero no ocurre nada y lo único que les queda a las mujeres trans es huir de las estructuras delincuenciales», remarca Rodríguez.
No obstante, el portavoz de la Policía, inspector jefe Fredman Castaneda, sostiene que la institución atiende las denuncias «de todos los sectores», incluyendo las organizaciones LGBTI.
«Tenemos una unidad de género que está para escuchar a esas organizaciones y atender sus requerimientos. Atendemos denuncias aun en contra de la institución si las hubiera», asegura a AFP.
En tanto, el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, considera que «se debe garantizar por parte del Estado el respeto a derechos humanos sin distinción de género y eso incluye a la comunidad LGTBI, que también son salvadoreños».
