Las nuevas regulaciones que establecerían como carga pública a los inmigrantes que reciben asistencia para pagar la vivienda (Sección 8), cupones de alimentación (SNAP) y seguro médico gratis a través de Medicaid (MediCal en California), están programadas para entrar en vigencia el próximo 15 de octubre.
Sin embargo, hay organizaciones y personas que intentan parar o retrasar estos nuevos lineamientos federales establecidos por la administración del presidente Donald Trump.
Connie Choi, de la Campaña para Proteger a las Familias Inmigrantes y representante de National Immigration Law Center, explicó durante una conferencia de prensa a nivel nacional, que el concepto de Carga Pública tiene más de 100 años de estar en vigencia, pero que hasta ahora sólo incluía la ayuda en efectivo del programa conocido como Welfare.
“La idea de la Carga Pública es identificar a los inmigrantes que dependen del gobierno para vivir”, explicó Choi. Históricamente, se les niega la residencia permanente a los inmigrantes que podrían depender unicamente de la ayuda pública para sobrevivir.
“Hemos establecido una coalición para pelear juntos en contra de la implementación de las nuevas regulaciones”, aseguró.
Los casos bajo las categorías de refugiados, víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas, no estarían afectadas por estas nuevas regulaciones.
A nivel político
La Congresista Judy Chu (D-California) dijo que también a nivel del congreso federal intentan parar el financimiento de la implementación de las regulaciones.
“Las nuevas regulaciones signiciarían más hambre, más enfermedad, pero el peor efecto (que ha tenido) es la expansión del miedo”, dijo Chu.
La congresista contó la historia de una mujer embarazada que adquirió una deuda de miles de dólares por temor a inscribirse a Medicaid y convertise automáticamente en carga pública.
“El 90% del impacto de este reglamento serían las personas de color… el 33% de los afectados son latinos”, dijo Chu.
Aunque no hay datos oficiales, Lisa David, presidente de unaorganización que administra el programa WIC (Women, Infant and Children) en la ciudad de Nueva York, Public Health Solutions, dijo que anecdóticamente ellos han visto alrededor de un 20% de decenso en las inscripciones de WIC.
WIC no está incluído en las nuevas regulaciones. Sin embargo, hay un miedo generalizado en torno a que cualquier tipo de programa público sea visto como carga pública a la hora de tramitar la residencia permanente, agregó David.
Los expertos aconsejan que si usted está en proceso de solicitar la residencia permanente consulte a un abogado especialista en inmigración antes de desistir o desincribirse de alguno de los programas públicos.
- Nota creada con el apoyo de Ethnic Media Services (EMS).
