Buenos Aires (AFP) – Dagna Aiva cocina de lunes a viernes en su propia casa para proveer el plato de comida a 200 personas de las decenas de miles que viven en un barrio marginal del sur de Buenos Aires.
Alejados de los vaivenes del valor del dólar que obsesiona a muchos argentinos, en la Villa 21-24 la prioridad es conseguir alimento, para sus habitantes un bien escaso pese a vivir en un país que produce comida para 440 millones de personas, lo que significa 10 veces la población actual.
Mujeres con bebés en brazos y niños jugando alrededor, ancianos y discapacitados hacen fila frente a esta casa donde se entregan las raciones.
Nadie habla de dólares entre los pasillos angostos de este asentamiento pobre de 60 hectáreas donde habitan unas 60.000 familias, frente al contaminado río Riachuelo, en el borde sur de la ciudad.
«Yo no tengo dólares, ¡qué me importa!. Hay otras necesidades básicas que tengo que solucionar, ya. Hay que priorizar otras cosas, saldar el día a día, comer todos los días», se resigna Aiva.
Esta mujer de ojos claros coordina el espacio Casa Usina de Sueños de la Villa 21-24, que cuenta también con un merendero donde se ofrecen actividades recreativas y apoyo escolar.
– «Pobreza cero» –
«Acá está lleno de gente que trabaja muchísimo, es triste ver que no podemos tener un plato de comida», dice la activista de 48 años al lamentar el empeoramiento de la situación en la villa en estos años.
Argentina es uno de los tres países
latinoamericanos, junto a Venezuela y Guatemala, donde el hambre más aumentó en 2018.
La canasta básica de alimentos, valuada en unos 4.200 pesos, cuesta 57,3% más que en julio de 2018, muy superior al aumento de salarios.
El exministro de Salud Daniel Gollán denunció recientemente que cinco millones de niños y adolescentes están en «situación alimentaria crítica», al hablar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en Buenos Aires.
El presidente liberal Mauricio Macri había prometido alcanzar la «pobreza cero». Pero la pobreza alcanzó a un 32% de la población en 2018, según el último índice oficial, y el gobierno admite que al igual que el desempleo (10,1%) crecerá este año por efecto de la aceleración de la inflación ligada a la depreciación del peso en medio de la recesión.
Movimientos sociales, la Iglesia católica, organizaciones sindicales y políticos opositores reclaman que se declare la «emergencia alimentaria», lo que permitiría derivar mayor presupuesto para ese fin.
– «Alargar» la comida –
El gobierno de Macri lo rechaza. «Hay situación de pobreza pero no significa que hay hambre», declaró el ministro de Cultura, Pablo Avelluto. El presidente argentino se ha referido a la «bronca» y «dolor» que le generan los datos de la pobreza y asegura que «claro» que puede reducir esa tasa si es reelecto en las elecciones del 27 de octubre.
Las seis mujeres que colaboran preparando la comida o entregando las raciones en la casa de Dagna cobran del Estado un «salario social complementario», equivalente a medio sueldo básico (7.500 pesos, 110 dólares al cambio actual).
El gobierno de la ciudad les envía 160 raciones y ellas se arreglan para ‘alargarlas’ y convertirlas en 200.
La corrida por el dólar no llega a la villa, pero atiza la suba de precios.
«No me manejo con dólares, tengo otras prioridades, pero me importa porque la inflación tiene que ver mucho con el dólar», dice Palomo Gómez, enfermero de 50 años.
En 2018, tras una corrida cambiaria, el gobierno de Macri acudió en busca de ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional que le otorgó a Argentina un préstamo por unos 57.100 millones de dólares a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal.
El alza del costo de vida fue de 25% entre enero y julio, y se estima que llegará a 55% en el año.
