Tegucigalpa (AFP) – El relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, alertó este jueves de interferencias del gobierno y el parlamento en el sistema de justicia en Honduras, al concluir una evaluación en el país centroamericano.
Existen «diferentes tipos de interferencia en la organización y el ejercicio del sistema judicial (…) por parte del poder legislativo y ejecutivo que amenazan la independencia» de la justicia, señaló el funcionario en rueda de prensa.
García-Sayán, un exministro peruano de Justicia, realizó una visita a Honduras por invitación del gobierno de Juan Orlando Hernández, durante la cual se entrevistó con autoridades gubernamentales, miembros de la sociedad civil y empresarios.
«La independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo una reto y desafío para Honduras», advirtió.
Apuntó que en 2012 el Congreso destituyó cuatro de los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional después de que declararon inconstitucional la «depuración policial» promovida por el legislativo y el ejecutivo.
Posteriormente, esa misma sala, a petición de diputados cercanos al presidente, hizo una interpretación de la Constitución que habilitó la reelección de Hernández en 2017, lo que estaba prohibido en la carta magna.
García-Sayán señaló que ese tipo de interpretaciones de la constitución, que se han dado en varios países, «no son pasos que ayudan a la legitimidad de las instituciones (…) ni fortalecen la imagen del sistema judicial».
Asimismo, destacó que la corrupción y el crimen organizado logran imponer trabas que impiden la acción de la justicia penal.
Mencionó que un grupo de diputados fueron acusados por la fiscalía, con el apoyo de la misión de la Organización de Estados Americanos para el combate de la corrupción y la impunidad, pero el Congreso reformó la ley para que el juicio fuera postergado.
El jurista peruano reconoció que el gobierno ha logrado reducir la tasa de homicidios de 89,5 por cada 100.000 habitantes en 2014 a menos de 35 en el 2019, pero «la pobreza extrema, el crimen organizado y las actividades ilícitas de las pandillas continúan alimentando la inseguridad ciudadana».
Lamentó que 125 abogados han sido asesinados en los últimos diez años y 97% de esos delitos permanecen impunes.
