Managua (AFP) – El bloque opositor nicaragüense renovó este viernes sus autoridades ante el cambiante escenario que vive el país en medio de la crisis política y ante la negativa del presidente Daniel Ortega de dialogar con sus adversarios.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) nombró como coordinador general al exdiplomático Carlos Tünnerman y creó un consejo ejecutivo con representación de ocho sectores sociales, gremiales y políticos, según un comunicado.
La renovación del colectivo nicaragüense busca «adaptar a la Alianza Cívica al nuevo contexto nacional», después de que el gobierno de Ortega puso fin a las negociaciones para encontrar una solución a la crisis política que afecta al país desde hace más de un año, añade el comunicado.
Nicaragua vive una grave crisis que hundió a la economía desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra una reforma a la seguridad social que se transformaron en un llamado para exigir la salida de Ortega y una democratización.
La represión a las manifestaciones dejó 325 muertos, cientos de opositores encarcelados y 62.500 exiliados, según organismos humanitarios.
Los dirigentes campesino, Medardo Mairena, y estudiantil, Edwin Carcache, integran la nueva directiva de la Alianza. Ambos estuvieron presos por participar en las protestas antigubernamentales y fueron liberados en junio bajo una polémica ley de amnistía.
Como director ejecutivo se designó al economista Juan Sebastián Chamorro.
Los cambios en la ACJD buscan una «administración más efectiva y fortalecer el contacto de sus miembros con los territorios e integrarse en un proceso de construcción de una gran unidad», declaró el exvicecanciller José Pallais, representante del sector político en la coalición.
La ACJD, creada a instancias de los obispos católicos, se formó con representantes de grupos sociales y políticos para iniciar un diálogo con el gobierno nicaragüense en busca de una salida a la crisis.
Miembros de la ACJD señalan como logros que el gobierno invitara en 2018 a organismos humanitarios internacionales para investigar la violenta represión a las protestas.
Además, bajo acuerdos firmados con el gobierno en marzo pasado fueron liberados cerca de 500 opositores.
La oposición nicaragüense presiona por la renuncia de Ortega, que lleva 12 años en el poder y a quien acusan de actos corrupción y de instaurar una dictadura familiar junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
