Caracas (AFP) – El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó este lunes enjuiciar a tres diputados opositores por traición a la patria, en medio de denuncias del jefe parlamentario Juan Guaidó sobre planes del oficialismo de disolver el Legislativo.
Los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García fueron acusados de la «comisión flagrante», además, de conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros cargos, según un comunicado de la máxima corte, de línea oficialista.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no precisó en lo inmediato las causas de la acusación, que se suma a la de diez legisladores a quienes esa corte vincula con un fallido alzamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 30 de abril.
La insurrección de un pequeño grupo de uniformados fue liderada por Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora y reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, incluido Estados Unidos.
La corte envió el caso de estos tres nuevos congresistas a la todopoderosa Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, para que les levante el fuero y puedan ser juzgados en tribunales ordinarios. Su paradero se desconoce.
La Constituyente, que asumió labores legislativas, se reunió apenas horas después de que fuera emitido el fallo, para rechazar el bloqueo económico que Estados Unidos impuso al gobierno de Maduro el 5 de agosto.
Guaidó alertó que la sesión de este lunes de ese ente oficialista tenía la intención de disolver el Parlamento o adelantar las elecciones legislativas, previstas para 2020.
«¿Que si vamos a eliminar la Asamblea Nacional? ¿Cómo para qué?», respondió el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al abrir la reunión. «¿Que vamos a aplicar la ley a aquellos que violen nuestra Constitución y la ley? Sí, eso no necesita nada extraordinario».
– «Amedrentamiento» –
Las decisiones del Parlamento, único poder que controla la oposición, son consideradas nulas por la corte suprema, que lo declaró en desacato en 2016.
Una veintena de diputados han sido despojados de su inmunidad y han terminado refugiados en sedes diplomáticas, exiliados o en la clandestinidad.
«Es una forma de seguir aniquilando a la Asamblea Nacional, de evitar que pueda hacer su trabajo y avanzar en la política de amedrentamiento que tiene el gobierno contra quienes pensamos distinto», dijo Guanipa al sitio Venepress.
«Es un paso más en la ola de represión» y «no hay otra opción que podamos asumir frente a esto que seguir luchando hasta que este gobierno caiga, que esta dictadura salga», añadió.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la decisión del «tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela».
«La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución», expresó.
Venezuela atraviesa la más dura crisis política y económica de su historia reciente, con recesión, hiperinflación y la pugna por el poder entre Guaidó y Maduro, que congeló un diálogo que mantenía con la oposición en respuesta a las sanciones que hace una semana le impuso Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump, que lidera la ofensiva para asfixiar al mandatario socialista, impuso el bloqueo de los activos de Venezuela en ese país y amenazó con sanciones a cualquier empresa que haga negocios con el gobierno chavista
