Lima (AFP) – La Corte Suprema de Perú anunciará el 9 de agosto si libera a la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión preventiva por el caso Odebrecht desde hace nueve meses, al finalizar este miércoles la audiencia de alegatos de la defensa, informó la autoridad judicial.
«Sala Penal Permanente de la Corte Suprema concluye audiencia de casación solicitada por Keiko Fujimori y otros. Colegiado anuncia que emitirá sentencia el viernes 09 de agosto, a las 09h00», indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social Twitter.
«Vamos a respetar los plazos, (pero) nos hubiera gustado que sea antes», dijo a periodistas la abogada de Keiko, Giuliana Loza, al retirarse de la sala del tribunal.
La audiencia de la Sala Permanente de la Corte Suprema, integrada por cinco magistrados y dirigida por el juez Hugo Príncipe, duró unas dos horas.
Los magistrados escucharon solo los alegatos de los abogados de la primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El representante de la fiscalía, el cuestionado fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, no asistió, pero entregó un reporte a favor de la libertad de Keiko Fujimori que puso en evidencia desacuerdos al interior de la fiscalía peruana.
Según el reporte escrito del fiscal supremo, no se justifica la prisión con los elementos aportados por la fiscalía especial del caso Lava Jato, indicó la agencia estatal Andina.
Rodríguez Monteza, que aboga por la libertad de Keiko, es cuestionado tras verse salpicado por un escándalo de corrupción judicial protagonizado por magistrados que han sido vinculados con el fujimorismo.
«Pese a ello, no quiso inhibirse (de intervenir en la audiencia) del caso Fujimori», resaltó este miércoles el diario El Comercio.
Los fiscales del caso Lava Jato, que tienen menor jerarquía que un fiscal supremo, lograron enviar a prisión a Keiko en base a dos fallos judiciales que acogieron las acusaciones y supuestas pruebas de obstrucción a la justicia que estos presentaron.
Keiko, de 44 años, excongresista y dos veces candidata presidencial, está recluida en una cárcel de mujeres en Lima desde el 31 de octubre de 2018, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho acogiera el pedido de prisión preventiva por 36 meses de la fiscalía.
La fiscalía la acusa de lavado de dinero, por presuntamente haber recibido aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos.
