Buenos Aires (AFP) – Un organismo financiero del gobierno argentino congeló este jueves activos de entidades y líderes de la organización política y militar libanesa Hezbolá, una de las sospechosas por el atentado contra el centro judeo-argentino AMIA que dejó 85 muertos hace 25 años.
La Unidad de Información Financiera (UIF), cuya función es averiguar maniobras de lavado de activos, entre otras, «ordenó el congelamiento de los activos de la organización terrorista Hezbolá, entidades específicas del ala militar que integran la misma y líderes de la organización», según un comunicado oficial.
La declaración se difundió el mismo día en que la nutrida colectividad judía de Argentina y organizaciones de familiares de las víctimas evocaron el hecho y repitieron su demanda de justicia frente a los crímenes impunes.
En varios actos públicos, de alto tono emotivo, se volvió a reclamar castigo a los responsables frente a la impunidad que rodea el caso, sin que haya podido ser esclarecido aún el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La justicia argentina tiene libradas y en vigencia desde 2007 circulares rojas de arresto por Interpol contra iraníes, luego de haber acusado al expresidente de Irán Ali Rafsanjani y a su estado mayor político y militar como instigadores de la bomba que también causó 300 heridos.
En uno de los actos, el presidente Mauricio Macri atribuyó al recién creado registro de «organizaciones terroristas», permitir «que hoy (este jueves) la UIF disponga la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbolá y relacionados con actos de terrorismo o su financiamiento».
Las entidades de familiares lamentaron que maniobras de encubrimiento realizadas durante el gobierno del peronista de derecha Carlos Menem (1989-99) obstaculizaron la investigación hasta derivar en el callejón sin salida en que se encuentra.
Los familiares acusaron también a jueces y fiscales que actuaron en la causa por contribuir al encubrimiento, tal como se dilucidó en un prolongado juicio con sentencias condenatorias este año contra un exjuez, funcionarios de Menem y un informante de la policía que habría vendido la camioneta en que se transportaron los explosivos.
