San Salvador (AFP) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció el miércoles presuntos actos de corrupción en tiendas que operan en las prisiones del país y acusó a miembros del gobierno anterior de malversar fondos millonarios.
«Hay malversación de fondos evidente, estoy casi seguro que hay hurto de fondos, violación de la Ley de Administración y Contratación de la Administración Pública, y está todo documentado», señaló el mandatario salvadoreño en una rueda de prensa.
Bukele aseguró que ha «instruido» a funcionarios de su gabinete para que acudan a interponer una denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de corrupción en donde señaló estarían involucrados el exministro de Justicia, Mauricio Ramírez, y el exdirector de prisiones, Marco Tulio Lima, entre otros.
El presidente recordó que el exministro Ramírez, casi al final de su gestión al frente del ministerio de Justicia y Seguridad, firmó un contrato con una organización no gubernamental denominada Asocambio para que ésta administrara las tiendas institucionales que existen en las poco más de 20 prisiones del país.
De acuerdo con Bukele, esas tiendas donde los prisioneros pueden comprar bienes de consumo o alimentos reportaban ingresos anuales de unos 14 millones de dólares, los cuales también eran manejados por Asocambio, cuyo presidente y representante legal es el exministro Ramírez.
«El solo hecho de que (la Dirección de) Centros Penales le adjudique el manejo de las tiendas penitenciarias a una ONG cuyo presidente y representante legal es el ministro de Justicia y Seguridad Pública, pues evidentemente ese es un caso de corrupción», sostuvo Bukele.
El mandatario aseguró que en los próximos días se contratará a una empresa auditora para que «verifique» las finanzas de las tiendas penitenciarias.
Este mismo miércoles, y mediante su cuenta de Twitter, el presidente ordenó suspender «inmediatamente» y «sin goce de sueldo» de su cargo de asesor de la dirección de la Policía al exministro Ramírez, que tiene el rango de comisionado policial. También ordenó separar de sus cargos a otros dos exfuncionarios del anterior gobierno.
