Caracas (AFP) – El diputado opositor Gilber Caro, quien había sido detenido el pasado 26 de abril, fue liberado este lunes, informó el Parlamento, en vísperas de una visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
«El diputado Gilber Caro nunca debió estar preso. Hoy sale de las rejas, pero al igual que todos los venezolanos aún no tiene libertad», señaló en Twitter la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Copartidario del jefe del Legislativo Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por medio centenar de países, Caro fue recibido por un grupo de oficialistas y opositores a su salida de prisión.
Esos dirigentes forman parte del Grupo de Boston, creado en 2002 e integrado por legisladores venezolanos y estadounidenses.
«La puerta giratoria de nuestros presos políticos solo se frenará en democracia», escribió Guaidó en Twitter.
Un video publicado por el Grupo de Boston en esa red social muestra al diputado cuando se encuentra con su colega opositor Manuel Texeira, el excongresista Pedro Díaz Blum y los chavistas Gerardo Márquez y Francisco Torrealba, miembros de la Asamblea Constituyente.
Con un maletín y vestido con ropa deportiva, el parlamentario, sonriente, los abraza antes de intercambiar unas breves palabras en una sala.
Caro, de 45 años, había sido detenido en Caracas sin que hasta el momento estuviera claro el motivo.
Ya había estado preso entre enero de 2017 y el 2 de junio de 2018, acusado de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada, pero no llegó a ser condenado.
– Pedido a Bachelet –
Su liberación se produce en la antesala de la visita que realizará Bachelet entre el miércoles y el viernes próximos, para constatar la situación de derechos humanos en este país sumido en una grave crisis política y socioeconómica.
La justicia procesa a otros 15 legisladores opositores por el fallido alzamiento militar que lideró Guaidó contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de abril.
Uno de los congresistas, Édgar Zambrano, está detenido, mientras los demás se encuentran refugiados en embajadas o en la clandestinidad.
Este lunes, familiares de opositores presos pidieron a Bachelet, una víctima de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet que llegó en dos ocasiones a la presidencia de Chile (2006-2010 y 2014-2018), que interceda por su libertad.
«No deberían estar presos, además de eso se les ha violado sus derechos humanos», declaró en rueda de prensa Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, detenido en abril de 2018 e imputado por «instigación a la rebelión» y «traición a la patria».
Bachelet se reunirá por separado con Maduro, Guaidó y «víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos» y sus allegados, indicó su oficina en un comunicado.
A la fecha hay unos 715 detenidos por razones políticas, según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que defiende sus derechos.
«Para nosotros es fundamental que en esta visita la Alta Comisionada Michelle Bachelet exija la liberación total de los presos políticos», sostuvo Romero en la misma conferencia.
– Tensa visita –
Según Foro Penal, más del 95% de los detenidos está «sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos y en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos».
«Por mí, se puede reunir con el gobierno y oír la parte de ellos, pero que se reúna con nosotros, que se reúna con la Venezuela verdadera y vea la realidad», remarcó Da Costa.
Bachelet, cuya visita se anticipa tensa por la pugna de poder entre Maduro y Guaidó, sostendrá además reuniones con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general, de línea oficialista.
Aunque el gobierno reiteró que la diplomática llegará por invitación de Maduro, Guaidó aseguró que la visita «es un logro de la protesta» para exigir la salida del poder del líder chavista, a quien tilda de «ilegítimo».
La Alta Comisionada podrá constatar la política del gobierno a favor de los derechos humanos y «las repercusiones negativas generadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país», señaló el gobierno venezolano en un comunicado, aludiendo a sanciones de Estados Unidos.
