Caracas (AFP) – Venezuela seguirá regida por la todopoderosa Asamblea Constituyente hasta fines de 2020, anunció el órgano oficialista al cumplirse este lunes un año de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, en pugna por el poder con el opositor Juan Guaidó.
En un decreto aprobado por unanimidad, el ente extendió su vigencia «al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020».
La medida da facultades a ese órgano para que continúe actuando como poder plenipotenciario, según el texto leído por su presidente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
La «Constituyente es la mayor garantía de estabilidad política», dijo luego Maduro en un acto con miles de partidarios que marcharon hasta el palacio de Miraflores, en Caracas, en apoyo a su segundo mandato (2019-2025).
Según el gobernante, Guaidó -reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países- tenía planeado disolverla el pasado 30 de abril, cuando lideró un alzamiento militar que no logró apoyo de la Fuerza Armada.
La Constituyente «está por encima de todos los órganos constituidos», subrayó Maduro.
Esa entidad ha reemplazado en la práctica al Parlamento, único poder que controla la oposición, promulgando decretos-ley de aplicación inmediata.
– «Hablando con el diablo» –
Maduro reiteró este lunes su propuesta de adelantar los comicios legislativos, que deben realizarse en diciembre de 2020, como una manera de resolver la crisis política.
El conflicto se agravó luego de que el Parlamento declarara ilegítimo el segundo período de Maduro -iniciado el 10 de enero- y Guaidó, jefe legislativo, se proclamara presidente encargado.
«¡Yo quiero elecciones ya!», expresó el líder socialista, a quien Guaidó pretende sacar del poder mediante masivas movilizaciones y quebrándole el apoyo militar, sin excluir un pedido de intervención de Estados Unidos. El poder de convocatoria a protestas ha decaído tras la fracasada rebelión militar.
Este lunes Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Washington, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono. El encuentro fue «muy positivo», aseguró en Twitter.
«Discutieron el papel pasado y futuro del Departamento de Defensa, relacionado con la asistencia humanitaria y el apoyo regional», declaró a la AFP un vocero del Departamento de Estado.
Maduro, quien acusa a Guaidó de ser un «títere» de Donald Trump para apoderarse de la mayor reserva petrolera mundial, se felicitó nuevamente por la mediación que intenta hacer Noruega para acercar a las partes, que mantuvieron contactos por separado con funcionarios de ese país la semana pasada.
«Sé con quién estamos hablando. Lo digo y que se ofendan si quieren: estamos hablando con el diablo», afirmó el gobernante.
En su apoyo a Guaidó, Washington endureció las sanciones contra el gobierno de Maduro, confrontado a la peor crisis económica en la historia moderna del país, con una caída brutal de la producción de petróleo -fuente de 96% de los ingresos- y una hiperinflación que según el FMI trepará a 10.000.000% este año.
Además de la Fuerza Armada, a la que ha otorgado amplio poder político y económico, el gobernante se aferra al respaldo de Rusia y China.
– Rechazo a la «farsa electoral» –
Cumplido un año de la reelección de Maduro, el Parlamento expresó este lunes su rechazo a unos comicios que tilda de «farsa electoral».
«Reiteramos que con movilización pacífica, presión internacional y el respaldo creciente de nuestra Fuerza Armada, lograremos el cese de la usurpación» y «elecciones libres», tuiteó Guaidó.
Ante un eventual adelanto de las elecciones parlamentarias, el dirigente opositor aseveró que «una nueva farsa solo agravaría más» la crisis.
En principio, estaba previsto que la Constituyente funcionara por dos años, hasta agosto de 2019, pero Cabello advirtió a mediados del año pasado que su mandato podía extenderse por cuanto fuera necesario.
Sus miembros, todos chavistas, fueron elegidos el 30 de julio de 2017 en votaciones desconocidas por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina.
Los adversarios de Maduro se rehusaron a participar aduciendo la «ilegalidad» de la convocatoria, en medio de protestas antigubernamentales de varios meses que dejaron unos 125 muertos.
La oposición alega que el llamado debió someterse a referendo, como se hizo con la Constituyente de 1999, impulsada por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) para redactar la Constitución vigente.
La Constituyente adelantó al 20 de mayo de 2018 las presidenciales, que debían realizarse en diciembre de ese año, resultando ganador Maduro. Considerándolas ilegítimas, los principales partidos opositores las boicotearon.
El ente también despojó de su inmunidad a una docena de diputados opositores acusados de apoyar la sublevación del 30 de abril, y destituyó a Luisa Ortega, fiscal general chavista que rompió con Maduro durante las protestas de 2017.
Hasta la fecha no ha presentado un proyecto de Carta Magna, el objetivo fundamental de su convocatoria.