Miami (AFP) – El gobernador republicano de Florida dijo el viernes que no tiene recursos para recibir el flujo de inmigrantes indocumentados que, según policías locales, la patrulla fronteriza planea enviar a este estado del sureste de Estados Unidos para aliviar la crisis en la frontera.
«No podemos aceptar en Florida que descarguen inmigrantes ilegales en nuestro estado», dijo el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa el viernes, donde aclaró que discutirá este tema con el presidente Donald Trump.
El jueves, policías y autoridades del sur de Florida alertaron que la patrulla fronteriza les informó que, a partir de la próxima semana, el gobierno federal enviará unos 1.000 indocumentados al mes, que serán repartidos en partes iguales en los condados de Palm Beach y Broward.
Se trata de dos localidades mayoritariamente demócratas al norte de Miami.
«Creo que esto será una carga para nuestros recursos, nuestras escuelas, el sistema de salud, y las agencias estatales y policiales», protestó el gobernador.
DeSantis ha apoyado a Trump en sus duras políticas migratorias y recientemente aprobó una ley que prohíbe que Florida tenga «ciudades santuario», como se apoda a las que protegen a los inmigrantes.
Por eso, según la prensa local, esta noticia lo tomó por sorpresa.
El comisario del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo el jueves en conferencia de prensa que la patrulla fronteriza (CBP, en inglés) traerá al sur de Florida a los inmigrantes que llegan a la ciudad de El Paso, en la frontera de Texas con México.
Se tratará de «unidades familiares» que quedarán en libertad mientras los tribunales migratorios procesan sus peticiones de asilo.
«No hay planes para el transporte, no hay planes para darles un refugio o un lugar donde vivir», dijo Bradshaw. «No hay ningún plan sobre lo que va a ocurrir con estas 500 personas que llegarán mensualmente al condado de Palm Beach».
El alcalde de este condado, Mack Bernard, dijo que si estos planes se llevan a cabo, habrá que declarar una «emergencia».
La patrulla fronteriza derivó las consultas de la AFP al Departamento de Seguridad Interior, que no respondió por el momento a las solicitudes de comentarios.
