Managua (AFP) – El gobierno de Daniel Ortega y la oposición siguieron empantanados este martes en su intento de negociar una salida a la crisis política en Nicaragua, en medio de una encendida polémica por las sanciones estadounidenses contra el círculo de allegados al mandatario.
El gobierno pidió a los opositores «unir voces y esfuerzos para exigir la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, arbitrarias, ilegales e injustas», señaló el martes un comunicado de la delegación oficial.
«Reconozcan los daños infringidos a las familias, a la vida, a la economía nacional» por las sanciones, indicó el gobierno de Ortega a los opositores.
Nicaragua se encuentra sumida en una crisis política y económica desde que inició la violenta represión a las protestas antigubernamentales en abril de 2018, que ha dejado al menos 325 muertos, unos 800 detenidos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
Las partes volvieron a encontrarse el 23 de abril pasado a instancias del nuncio apostólico Waldemarg Sommertag y la Organización de Estados Americanos (OEA), tras el receso de Semana Santa, pero no han tenido avances.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) acusa al gobierno de incumplir el acuerdo de liberar a personas detenidas en las protestas antigubernamentales del año pasado en un plazo máximo de 90 días, mientras que las autoridades insisten en un convenio para levantar las sanciones.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, a su hijo, Laureano y a otros cinco altos funcionarios, señalados de violación a derechos humanos y corrupción.
– «Miseria humana» –
En su alocución diaria en medios oficiales, Murillo abogó por que se suspendan las penalizaciones y lamentó que «todavía haya gente que clame por más sanciones aunque se destruya la economía» del país.
El gobierno de Ortega reclama la suspensión de la ley de condicionalidad de inversiones y créditos de la banca internacional al país, conocida como Nica-Act, aprobada por Estados Unidos.
Las medidas estadounidenses buscan presionar a Ortega para que impulse cambios políticos que incluyan elecciones libres, limpias y observadas.
La ACJD aseguró que aceptó reunirse pese a los «insultos y amenazas» de la delegación de gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, después de que hace unos días, Ortega se refirió a la oposición como «miseria humana» por aplaudir las sanciones a su gobierno.
El bloque opositor, por su parte, ha señalado que «sigue dispuesto al diálogo para encontrar la salida, que pasa por la liberación de presos, justicia, verdad y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas»
La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera calificó las declaraciones de Ortega de «un total exabrupto» y «chantaje» al pretender culpar a la oposición por la aplicación de sanciones a familiares del gobernante y funcionarios.
La UNAB «va a seguir haciendo todas las presiones posibles para que el régimen se vea obligado a cumplir» las demandas de libertad de los nicaragüenses, dijo por su parte, la activista de derechos humanos Haydee Castillo.
