Managua (AFP) – La oposición de Nicaragua condicionó este martes su retorno al diálogo con el gobierno a que cumpla los acuerdos ya pactados, como liberar a detenidos, en momentos en que el obispo Silvio Báez, crítico del presidente Daniel Ortega, dejó el país tras sufrir amenazas.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) afirmó su disposición a continuar las negociaciones con el gobierno, pero advirtió que sus miembros no estarán «sentados escuchando promesas que luego no son cumplidas», según el exdiplomático Carlos Tünnerman, integrante del bloque.
El gobierno, por su parte, sostuvo que sí hay avances en el cumplimiento de los compromisos suscritos con la oposición.
La ACJD presentó sus reclamos por el supuesto incumplimiento de los acuerdos a los testigos del diálogo con el gobierno, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado de la OEA Luis Angel Rosadilla.
Horas antes del encuentro, el obispo Báez abandonó Nicaragua por decisión del papa Francisco, tras conocerse que había sido víctima de amenazas de muerte.
El religioso expresó su deseo de que Nicaragua «un día llegue a tener una sociedad fundada en la justicia social de donde brote la paz verdadera, donde la pluralidad ideológica no sea un delito», al tiempo que abogó por el diálogo como la única salida pacífica a la crisis en el país.
Báez se proyectó como uno de los más duros críticos de Ortega desde el estallido de las protestas el 18 de abril pasado, dando apoyo a los manifestantes perseguidos por el gobierno.
La ACJD demandó del gobierno «actos de implementación de los acuerdos ya suscritos porque no hay razón alguna para que no se estén cumpliendo», dijo Tünnerman en conferencia de prensa.
– Falta voluntad política –
«No se libera a presos políticos y se reprime el derecho de la ciudadanía, es claro entonces que no hay voluntad política para superar la profunda crisis del país», señaló en un comunicado la ACJD, que negoció tales acuerdos con el gobierno.
La nota entregada a los testigos del diálogo enumeró los incumplimientos del gobierno a los pocos acuerdos que se alcanzaron en las negociaciones, celebradas entre el 27 de febrero y el 3 de abril pasados.
Uno de esos acuerdos es la liberación de los cerca de 800 opositores presos que según la alianza están en las cárceles por participar en las protestas contra el gobierno el año pasado.
El gobierno dice que hay unos 350 opositores presos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intenta consensuar una lista de detenidos aceptada por las dos partes.
La represión oficial a esas protestas antigubernamentales, que estallaron el 18 de abril de 2018, dejó más de 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.000 exiliados.
Según los acuerdos, los presos debían ser liberados en un plazo máximo de 90 días, que vence en junio, con el apoyo del CICR.
Para la ACJD, los 236 opositores excarcelados entre febrero y abril no cuentan como «liberados» debido a que permanecen bajo un régimen de casa por cárcel y sujetos en su mayoría a procesos judiciales.
Alegan, además, que el ejecutivo ha violado el acuerdo de restituir los derechos ciudadanos, entre ellos la protesta, y que en la Semana Santa fueron «apresadas 160 personas». La policía rechazó esa versión en un comunicado.
«Las detenciones arbitrarias continúan realizándose todos los días en contra de las personas» que se manifiestan de alguna manera contra el gobierno, protestó la alianza.
Nicaragua «permanece el estado de sitio de facto», subrayó el bloque opositor.
La delegación del gobierno, por su lado, informó en un comunicado que han «avanzado» en la implementación de los acuerdos, entre ellos el retomar el proyecto de fortalecimiento del cuestionado sistema electoral nicaragüense con el apoyo de la OEA.
El gobierno llamó a su vez a «a la tranquilidad y estabilidad» y pidió «no incitar a la violencia ni a la violación de la Constitución y las leyes».
