Caracas (AFP) – El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, quedó en la mira de la todopoderosa Asamblea Constituyente, que decidirá si lo despoja de su inmunidad parlamentaria para someterlo a la justicia ordinaria.
«Ellos pueden intentar secuestrarme», dijo este martes Guaidó sobre la posibilidad de ser detenido si la Constituyente le levanta el fuero, como se lo pidió el lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al presidente socialista Nicolás Maduro.
La Constituyente sesionaba la tarde de este martes, pero la cuestión de la inmunidad no había sido incluida en la agenda.
a decisión del TSJ allanó el camino para que el jefe legislativo pueda ser sometido a la justicia ordinaria, en momentos en que la corte lo investiga por supuestamente usurpar las funciones de Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra.
«El régimen ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esto es inquisición», aseguró el opositor, quien desconoce al TSJ y a la Constituyente por considerar que su conformación fue ilegal.
«No hay cualidad ni para allanar ni para inhabilitar» por parte de esos órganos, apuntó Guaidó, previo a una sesión del Parlamento de mayoría opositora, que al igual que la Constituyente delibera en el Palacio Federal Legislativo, aunque en salones y horarios distintos.
En la crisis institucional, ningún organismo venezolano reconoce las decisiones del Congreso, después de que en 2016 el TSJ lo declaró en desacato.
– Se estrecha cerco –
El alto tribunal pidió levantar el fuero a Guaidó al considerar que éste violó una prohibición de salida del país impuesta el pasado 29 de enero.
Ese día le abrió una investigación por «usurpar» las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero se autoproclamara presidente encargado basado en la decisión del Parlamento de declarar «usurpador» al líder chavista.
«Habrá justicia», repite Maduro en sus intervenciones.
La oposición considera que el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, resultó de elecciones «fraudulentas».
Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó desde Colombia el 4 de marzo, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Entonces realizó una breve gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos, en severa escasez por la peor crisis económica de país petrolero en su historia moderna.
El jefe legislativo ha dicho varias veces, en tono desafiante, que el gobierno no se atreve a arrestarlo.
Este martes recordó que así ocurrió cuando retornó a Venezuela. El opositor también fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en lo que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes de inteligencia que fueron detenidos.
El cerco en su contra incluye la reciente inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, y que también desconoció.
– Iglesia denuncia represión –
En paralelo, el Parlamento acordó este martes pedir apoyo a Naciones Unidas para enfrentar la grave crisis eléctrica que se desató el 7 de marzo con masivos apagones, y que mantiene sin agua a millones de venezolanos.
Debido a la emergencia, Maduro sacó el lunes del gabinete a su cuestionado ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta, reiterando que los apagones fueron provocados por Estados Unidos y la oposición para derrocarlo.
Guaidó y algunos expertos aseguran que los cortes son resultado de años de abandono y corrupción en el sector.
El domingo, Maduro ya había declarado un racionamiento eléctrico de 30 días y acortó la jornada laboral de ocho a seis horas diarias, para enfrentar el caos que ha generado saqueos en el petrolero estado Zulia (oeste) y protestas espontáneas en Caracas, reprimidas por los «colectivos», grupos afines al oficialismo.
La Iglesia católica denunció este martes la «falta de respuesta» oficial a la emergencia, y acusó al gobierno de alentar a los «colectivos» -algunos armados- a «reprimir a la gente».
Las acciones contra Guaidó se producen cuando planea una movilización hacia el palacio presidencial de Miraflores -en fecha no establecida-, como parte de lo que llama «operación libertad».
El político de 35 años no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un «ensayo» el próximo sábado durante nuevas manifestaciones, con las cuales intenta quebrar el apoyo de la Fuerza Armada al gobierno.
Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios.
Maduro acusa a Guaidó de ser un «títere» de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo, mientras el opositor lo señala de comandar una «dictadura» soportada únicamente en la cúpula militar.