San Salvador (AFP) – Un millar de universitarios, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales marcharon este miércoles en la capital salvadoreña para denunciar el intento en el Congreso de aprobar una ley que abriría espacio para la privatización del servicio de agua.
Al grito de consignas como «el agua no se vende, el agua se defiende» y «el agua es un derecho, no una mercancía», los autollamados «defensores del agua» se concentraron en las afueras de la estatal Universidad de El Salvador (UES), en el norte de la capital, desde donde marcharon hasta la sede del Congreso en pleno corazón de la ciudad.
«Estamos denunciando ese intento mezquino de partidos de la derecha en la oposición de aprobar una ley de agua en cuyo contenido se quiere plasmar que la administración y regulación del servicio esté en manos de un ente en donde habrá participación de sectores privados y eso no lo vamos a permitir», dijo a la AFP el rector de la UES, Roger Arias.
El proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso, en donde la derecha tiene mayoría, contempla la creación de un ente regulador del agua que podría abrir la puerta a la participación del sector privado.
En una comisión que estudia el proyecto, el principal partido de oposición, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y otros dos partidos minoritarios de derecha se mostraron a favor de que en la conformación del ente regulador se incluya al sector privado agrícola e industrial.
Para los promotores de la iniciativa, la presencia de privados incrementaría las inversiones y extendería el acceso de la población al agua potable, pero sus detractores temen que encarecerá significativamente el servicio.
«Está clara la intención de ARENA de que la empresa privada meta manos en la administración del agua en este país. Si llegamos a permitir que eso suceda, un vaso de agua costará más que una botella de vino», advirtió Óscar Bolaños, secretario general del sindicato de la empresa nacional de aguas.
La policía bloqueó las calles de acceso al Congreso con alambradas de púas para evitar que los manifestantes se acercaran al palacio legislativo, donde fue suspendida la sesión plenaria.
Pese a ello, presuntos estudiantes de la UES lanzaron piedras, petardos y bolsas con agua contra los policías antimotines que resguardaban una de las entradas al Congreso. En otra calle cercana, dos jóvenes que participaban en la protesta fueron detenidos, señalados de ser parte de los instigadores de los desórdenes.
Tras la detención de los jóvenes, el rector de la UES exigió su libertad, al igual que el presidente electo Nayib Bukele, quien advirtió que si no eran liberados abrirá «un expediente» a los agentes policiales involucrados en la detención cuando asuma el poder el 1 de junio.
Pese a la advertencia de Bukele, el comisionado de la policía Juan Carlos Arévalo señaló que los manifestantes seguirán detenidos y puestos a la orden de la fiscalía.
