Washington (AFP) – Estados Unidos impuso el martes nuevas sanciones a Venezuela, esta vez a la minera estatal Minerven y a su presidente, Adrián Perdomo, a los que acusa de realizar operaciones de oro ilícitas que sostienen al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la medida se dirige a la procesadora de oro Minerven y a su presidente «por apuntalar el círculo interno del corrupto régimen de Maduro», al que Washington presiona para que abandone el poder.
«Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental» en el país latinoamericano, agregó.
Estados Unidos, que reconoce junto con otros 50 países al jefe parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente interino, ha aplicado sanciones económicas y un embargo al crudo de Venezuela.
«Los beneficios generados por la minería ilegal dirigida por Maduro son codiciados por los militares venezolanos, a quienes Maduro otorga un acceso libre a las minas», explicó el Departamento del Tesoro.
Las sanciones congelan cualquier activo que estas personas puedan tener en Estados Unidos, y les prohíbe toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses.
El Tesoro reiteró su mantra de las sanciones, afirmando que éstas no serán necesariamente permanentes, pero «que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas».
Washington suspenderá esas medidas contra aquellos que «tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático» en Venezuela.
Desde 2015, Estados Unidos ha sancionado a decenas de funcionarios y exfuncionarios venezolanos, entre ellos Maduro y su esposa Cilia Flores, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusándolos de violaciones a los derechos humanos, actos para socavar la democracia, así como corrupción y narcotráfico.
El Departamento del Tesoro destacó que «el impacto de la minería ilegal bajo el régimen de Maduro ha sido criticado por la sociedad civil y por grupos ambientalistas por pasar a llevar las evaluaciones de impacto ambiental y los estudios sobre sus consecuencias culturales».
