Los Angeles (AFP) – El gobierno estadounidense puso en pausa la terminación del TPS que permite residir legalmente a ciudadanos de Honduras y Nepal, a la espera de una decisión judicial en otro caso similar.
Los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que vence en junio de este año (Nepal) y enero del próximo (Honduras) «mantendrán vigencia», según el acuerdo al que llegaron los abogados del gobierno con organizaciones sociales en el marco de una demanda interpuesta en San Francisco.
La vigencia se mantendrá hasta que una corte federal de apelaciones de California decida sobre otro proceso relacionado con la cancelación del mismo programa para ciudadanos de Sudán, Nicaragua, El Salvador y Haití.
«Las protecciones del TPS se mantienen para los seis países -Honduras, Nepal, El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán- por el tiempo que la decisión de la corte del distrito se mantenga en pie. Esa decisión está siendo apelada por el gobierno», explicó el miércoles a la AFP Ahilan Arulanantham, abogada de ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
El gobierno del presidente Donald Trump, que llegó al poder con un discurso antiinmigrantes, canceló el TPS para seis de los 10 países actualmente elegibles, argumentando que las condiciones que motivaron su inclusión en el programa desaparecieron.
Pero la ACLU sostiene que la decisión fue motivada por un «racismo contra inmigrantes no blancos y no europeos».
La cancillería hondureña informó el miércoles que prestará en sus consulados asesoría gratuita para realizar los trámites.
Para Arulanantham, el acuerdo es positivo, pero advierte que «la solución para los beneficiarios del TPS y sus familias debe venir del Congreso».
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para regularizar la situación de cientos de miles de migrantes, incluidos los TPS.
El proyecto abarca también a los «dreamers» —como se denomina a quienes ingresaron ilegalmente de niños a Estados Unidos, protegidos por un programa de Barack Obama (DACA)– y a los amparados bajo el programa Deferred Enforced Departure (Salida Obligatoria Diferida).
Es poco probable que este proyecto pase en el Senado, donde el Partido Republicano tiene mayoría.
