Managua (AFP) – Carlos, Yolanda y Patricia pasaron varios meses presos en Nicaragua por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Los maltrataron, humillaron, amenazaron con tomar represalias contra sus familias y los condenaron por delitos que dicen que no cometieron.
La madrugada del pasado miércoles, horas antes de que el gobierno y la oposición reanudaran las negociaciones para superar la grave crisis que vive el país, las autoridades liberaron a un centenar de opositores presos, de más de 700 detenidos por las protestas.
«¡Alístense que van libres!», ordenaron los carceleros a los beneficiados. Los subieron a un bus y los fueron a dejar a sus casas, donde les informaron que quedaban bajo arresto domiciliario, sin derecho a salir, trabajar, recibir visitas en algunos casos, en estricta vigilancia y reportes periódicos.
«Nos dijeron que íbamos a ser supervisadas, filmadas, grabadas por medio de teléfonos o vecinos que ellos estimen conveniente para nuestra vigilancia», cuenta a la AFP una de las excarceladas, la estudiante Yolanda Sánchez, en su humilde vivienda de paredes de plycem del barrio San José Oriental de Managua.
La policía indicó en un comunicado que los detenidos salieron de la cárcel bajo un régimen de convivencia familiar o medidas cautelares, por lo que sus expedientes aún registran delitos.
Yolanda, menuda y de 30 años, no se atreve siquiera a salir a la puerta de su casa.
«No me siento libre para nada, estamos con más miedo», dice la joven, quien fue apresada con violencia hace siete meses junto con su hermana Patricia después de asistir a una protesta.
Un juez la sentenció a seis años de prisión por portar armas de manera ilegal y fabricar bombas caseras para los manifestantes, cargos que ella rechaza.
Cuenta con lágrimas en los ojos que durante los interrogatorios, oficiales mujeres amenazaron con cortarle las manos, quitarle a su hija y que la violarían. «Para mí fue lo más horrible que he pasado», cuenta.
– Amaya Coppens enferma –
«Asistir a una marcha cívicamente no nos hace delincuentes», reclama su hermana Patricia, de 33 años, quien tampoco se siente segura en casa.
Un oficial las visitó para advertirle que tienen prohibido recibir visitas mientras que una patrulla se estacionó frente a la vivienda de ambas hermanas la primera noche fuera de la cárcel, según confiaron los vecinos.
Patricia, una mujer blanca y seria, recuerda con tristeza a sus compañeras de celda que permanecen encerradas y enfermas por las «precarias» condiciones de reclusión. Una de ellas padece problemas renales, otra hipotiroidismo, respiratorios, alergias o asma, relata.
Ella compartió celda con la líder estudiantil belga-nicaragüense Amaya Coppens, una estudiante de medicina de 24 años acusada por las autoridades de terrorismo por apoyar las protestas, de quien afirma, lucha para no derrumbarse dentro de las sofocantes paredes del penal de mujeres La Esperanza.
Amaya «tiene hipertensión, insomnio y dolores de cabeza por el calor, la tensión. Dice que ya no aguanta (estar encerrada)», confesó Patricia.
Lejos de su celda, supo que mantenían aislada a la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, directora de prensa del clausurado canal 100% Noticias, de quien escucharon decir en los pasillos que sufre de migrañas.
– Comida con basura –
Para Carlos Silva, un conocido basquetbolista de 43 años del barrio San Judas de Managua, el regreso a casa tampoco ha sido fácil.
«Todavía no me considero libre, siento como que ahora me van a vigilar más (..) me siento asustado», declara a la AFP en su sencilla casa, que construyó trabajando como administrador de empresas para vivir con sus dos hijas y su madre.
A Carlos lo detuvieron en agosto cuando regresaba de jugar básquet en un parque de la capital. En la temida cárcel preventiva El Chipote lo obligaron a correr desnudo frente a agentes armados. «Creí que me iban a disparar», relata a la AFP.
Lo condenaron a dos años por los delitos de exposición de personas al peligro y obstrucción de vía, pero afirma que su único pecado fue participar «en casi todas las protestas».
En el penal La Modelo, al este de la capital, pasó seis meses preso en una celda con otros 130 manifestantes, quienes, afirma, son regularmente desnudados, requisados, insultados y golpeados cuando cantan el himno nacional, símbolo de protesta de la oposición.
Cuenta que «la comida es pésima, salían vidrios, plásticos en el arroz, frijoles y guineo» que comen los tres tiempos, y que causan en muchos prisioneros vómitos y diarrea.
Carlos dice que no cree en la voluntad de diálogo del mandatario Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde el 2007.
Su gobierno entró en crisis tras la represión a las protestas del año pasado, que dejaron 325 muertos y miles de exiliados en países vecinos.
«Es un dictador, está ganando tiempo» con el diálogo, opina Carlos.
Mientras que el «Maratonista» Alex Vanegas, un veterano opositor que cayó preso en noviembre por correr por las calles demandando la libertad del país, confirmó que la represión sigue tras ser apresado y liberado dos veces horas después de su excarcelación.
