Managua (AFP) – El gobierno de Nicaragua y la oposición concluyeron este viernes la tercera jornada de trabajo sin acuerdos definitivos sobre las bases que regirán la negociación para resolver la crisis política que afecta al país hace 10 meses, según un comunicado.
Tras unas seis horas de reunión a puertas cerradas la delegación de gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijeron en el texto que continuó el avance «en la aprobación de la hoja de ruta de la negociación».
Las pláticas harán una pausa el fin de semana para continuar a partir del lunes de forma ininterrumpida hasta viernes con el propósito de culminar «en el menor tiempo posible», agregó la nota.
La expectativa de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) era que este viernes se establecieran «con claridad los puntos pendientes de las reglas del proceso de negociación», que se reanudó el miércoles tras el fracaso de un primer intento de diálogo hace meses.
– Garantes internacionales –
Entre los temas que no lograban consenso figura lo relativo a los moderadores y garantes internacionales, que forman parte de la hoja de ruta, según revelaron los negociadores.
«Para nosotros es importante que haya garantes internacionales que cuenten con la confianza del pueblo nicaragüense», dijo la delegada de la ACJD, Azahálea Solís, en alusión a organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y la Unión Europea.
Wilfredo Navarro, uno de los representantes del presidente Daniel Ortega en las negociaciones, negó que haya oposición a garantes internacionales, pero estimó que «no es el momento» para discutir eso pues aún no hay nada que garantizar debido a que no han comenzado a tratarse los temas torales de la negociación.
«Es un diálogo difícil, pero la delegación del gobierno tiene toda la voluntad de encontrar caminos de encuentros (…) en beneficio de Nicaragua», dijo Navarro.
Las sesiones de trabajo se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua, con el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigos.
Navarro confirmó que tienen un pacto de «confidencialidad» que les impide revelar el avance de las negociaciones mientras no existan acuerdos.
– Liberar a los presos –
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estimó el miércoles que la entidad no puede «entrar en una negociación» mientras existan manifestantes presos. El gobierno excarceló ese día a un centenar de detenidos por protestar contra el gobierno.
Pero más de 600 opositores, entre ellos varios dirigentes y dos reconocidos periodistas, continúan presos a la espera de ser procesados, mientras que otros ya han sido condenados por participar en las protestas bajo cargos de «terrorismo» y otros delitos sustentados en una reciente ley que castiga las protestas con hasta 20 años de prisión, en procesos cerrados que la oposición ha calificado de irregulares.
«Esperamos que todos los prisioneros detenidos de forma ilegal sean liberados. Juicios justos, así como otras garantías conforme a la Constitución, deben ser respetados para todos los detenidos», demandó por su parte la UE, que no obstante consideró al diálogo como «un paso positivo hacia una salida a la actual crisis política a través de una solución negociada».
No obstante consideró que «el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de libertad de expresión y de reunión, es esencial para recuperar la confianza» y que un verdadero diálogo debe «contemplar las reformas necesarias para asegurar elecciones creíbles».
Pidió además el restablecimiento de la cooperación con organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus órganos, y que se permita el regreso de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expulsada el año pasado.
La oposición exige anular todos los juicios contra los opositores con base en declaraciones del exmagistrado Rafael Solís, otrora hombre de confianza de Ortega, que desertó y se exilió en enero en Costa Rica.
«Son acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron» los manifestantes, dijo Solís en una carta pública.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que luego evolucionó en una demanda de salida del poder de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde 2007 junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, volvió a la mesa de negociación en medio de una profunda crisis económica y fuertes presiones internacionales.
