Washington (AFP) – La diplomacia enfrenta una encrucijada por el llamado de la oposición venezolana a presionar por un gobierno de transición, luego de que Nicolás Maduro asumiera esta semana un segundo periodo presidencial que es desconocido por gran parte de la comunidad internacional.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, declaró a Maduro como «usurpador» y su presidente, Juan Guaidó, llamó a una gran movilización nacional para el próximo 23 de enero para presionar por «un gobierno de transición».
Un sector de la oposición exige a Guaidó asumir como presidente, alegando que le corresponde como cabeza del Congreso por el «vacío de poder» que, a su juicio, hay en Venezuela ante un gobierno que no es reconocido por una parte del país.
Estados Unidos ha expresado su apoyo a la Asamblea Nacional.
«El gobierno de (Donald) Trump apoya con decisión a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno elegida de la forma debida por el pueblo venezolano», afirmó el viernes en un comunicado John Bolton, consejero de seguridad nacional del presidente estadounidense.
El sábado, el portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino, añadió: «Elogiamos la valentía del liderazgo de la Asamblea Nacional, particularmente de su presidente, Juan Guaidó, y su decisión de invocar la autoridad de la Constitución venezolana».
William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, reconoció en tanto durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington que aunque legalmente existen bases para considerar los argumentos de la oposición sobre la legalidad de un gobierno alternativo, la realidad es otra.
«Hay momentos en los cuales un argumento legal, una postura legal tiene que enfrentarse al mundo real», dijo Brownfield, diplomático de carrera que también fue embajador en Colombia y Chile.
«Guaidó está muy pero muy restringido en lo que se le va a permitir hacer dentro de Venezuela», explicó, argumentando que si cruza cualquier «línea roja» tiene muchas posibilidades de terminar en prisión.
El viernes, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, amenazó a Guaidó advirtiéndole: «Ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar».
Para Michael Camilleri, especialista en políticas públicas del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington, queda abierta una interrogante diplomática.
«Vamos a tener que ver si los países que no reconocieron el nuevo mandato de Maduro y su legitilimidad como presidente también reconocen al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo de Venezuela y comienzan a tratarlo como tal», dijo a la AFP.
El gobierno ultraderechista de Brasil ya saludó la disposición de Guaidó a «asumir constitucionalmente la presidencia de Venezuela».
Según Guaidó, la Constitución lo legitima para asumir el poder mientras se convoca a elecciones.
«¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en (una) dictadura? No. Deben ser el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada y la comunidad internacional las que nos lleven a asumir», expresó Guaidó.
Hace una semana los cancilleres del Grupo de Lima instaron a Maduro a no asumir este segundo periodo, en una declaración de la cual se restó México.
«Ahora la credibilidad de este grupo está en juego. Qué están dispuestos a hacer ahora que los han desafiado. Es un momento diplomático un poco alarmante», dijo Fernando Cutz, exasesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos.
Para Cutz la pregunta clave es cómo van a responder ahora los países y citó el ejemplo de Paraguay, que decidió romper relaciones con Venezuela.
– Total aislamiento –
José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch dijo a AFP que Maduro está en un «grado de aislamiento nunca antes conocido».
«La mejor evidencia del total aislamiento de Maduro frente a la comunidad internacional es que a penas cuatro jefes de Estado se hicieron presentes (en su posesión) de esta región: Bolivia, Nicaragua, Cuba y El Salvador», señaló.
Coincidiendo con la ceremonia que marcaba el inicio del segundo mandato de Maduro, la OEA convocó una reunión extraordinaria y aprobó una resolución para declarar ilegítimo el nuevo periodo presidencial. La moción fue aprobada por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes en Twitter: «Apoyamos el respaldo del @TSJ_Legitimo al Presidente interino de #Venezuela @jguaido».
«Las instituciones legítimas de Venezuela deben ejecutar los mecanismos constitucionales para redemocratizar su país. Cuenten con nosotros», afirmó.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, dijo a la AFP que la votación del jueves «es un indicio muy fuerte de que hay una presión política, hay una presión diplomática, al mismo tiempo en la OEA apoyamos el Estado de Derecho».
Para Camilleri, lo que dejó la nueva investidura de Maduro es una percepción de que «una solución política a la crisis democrática e institucional en Venezuela está cada vez más lejos».
