Caracas (AFP) – Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del próximo jueves, cuando asuma su segundo mandato, advirtió este sábado el Parlamento de mayoría opositora, comprometiéndose a impulsar un «gobierno de transición» que llame a elecciones.
«Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (…). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo», dijo Juan Guaidó, elegido presidente de la cámara al iniciarse el año legislativo.
El jefe parlamentario también consideró «rota o usurpada la cadena de mando» en la Fuerza Armada -principal sostén de Maduro-, a la que pidió apoyar los esfuerzos para «restablecer la democracia» en el país petrolero, sumido en la peor crisis económica de su historia moderna.
Ante la bancada opositora y el cuerpo diplomático, Guaidó se comprometió a «generar las condiciones para un gobierno de transición» y «elecciones libres».
«La presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada», remarcó el diputado de Voluntad Popular, partido del dirigente Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
Esta declaratoria se produce un día después de que el Grupo de Lima -respaldado por Estados Unidos- le pidiera a Maduro abstenerse de asumir un nuevo mandato de seis años y transferirle el poder al Parlamento mientras se realizan «elecciones democráticas».
Caracas acusó al bloque de «alentar un golpe de Estado» por instrucciones de Washington. El gobierno izquierdista de México se apartó del pedido.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Robert Palladino, expresó este sábado «apoyo a la Asamblea Nacional» en «su compromiso de defender la democracia» y buscar «una transición». Definió al Parlamento como «la única institución legítima» en Venezuela.
El inicio de la legislatura transcurrió en calma, pese a que diputados denunciaron el hallazgo de una granada fragmentaria a las puertas del salón de sesiones la noche del viernes.
– ¿Saludo a la bandera? –
Maduro, de 56 años, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Legislativo.
Denunciando un «fraude», los principales partidos opositores boicotearon esas elecciones, si bien sus mayores figuras estaban inhabilitadas o encarceladas.
Solo un rival de peso, el disidente chavista Henri Falcón, desafió a Maduro, ahondando divisiones entre los oponentes del mandatario, cuya reelección también desconoció la Unión Europea.
«Maduro es un usurpador, un invasor, y debe ser desalojado», declaró la diputada Delsa Solórzano.
El desconocimiento de Maduro, sin embargo, podría ser un saludo a la bandera pues las decisiones del Parlamento son anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea oficialista-, que lo declaró en desacato desde que la mayoría legislativa opositora asumió en 2016.
De antemano, el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, anunció este sábado que Maduro se juramentará ante el TSJ, al considerar que el Legislativo «carece de legitimidad por estar en desacato».
Ya en enero de 2017 el bloque opositor declaró a Maduro en abandono del cargo, al culparlo de la crisis que ha provocado el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015. La medida no pasó de ahí.
«Estamos atados de manos», admite Solórzano.
Sin embargo, Guaidó dijo que la oposición prevé otras acciones, que no detalló, para obligar a Maduro a dejar el poder.
– Fracturas latentes –
Opositores radicales como Antonio Ledezma o María Corina Machado exigen que el Legislativo instale de inmediato un «gobierno de transición», liderado por el presidente de la Asamblea.
«Damos un voto condicionado y con fecha de caducidad (a Guaidó) para que se instaure un gobierno de transición», señaló en un comunicado la fracción parlamentaria 16 de Julio.
Así, la continuidad de Maduro en el poder podría profundizar las fracturas en la oposición. «Si hay algo peor que no hacer nada, es hacer aquello que te debilita», comentó el politólogo Luis Salamanca.
Tareck El Aissami, vicepresidente del área económica y cercano colaborador de Maduro, dijo que la oposición lleva a sus seguidores a un «callejón sin salida».
Maduro, confrontado a un fuerte rechazo popular pero con influencia en los demás poderes públicos, dice que lo tiene sin cuidado el reconocimiento de la oposición o de países que podrían romper o bajar el nivel de las relaciones y cercarlo financieramente, como plantea el Grupo de Lima.
«Me acusan de dictador para justificar cualquier cosa», sostiene el heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
El presidente responsabiliza a opositores de un atentado en su contra con drones cargados de explosivos el pasado 4 de agosto, pero aun así dice que buscará un diálogo tras cuatro intentos fallidos.