Washington (AFP) – Nicaragua tuvo conductas que deben considerarse como «crímenes de lesa humanidad», denunció este viernes el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) que había sido enviado allí por la CIDH, que advirtió que el país no forma parte de la Corte Penal Internacional.
«Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución», indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.
El miércoles el gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargadas de investigar la represión de las manifestaciones que comenzaron en abril, el GIEI y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI).
La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represiones violentas de las protestas.
El grupo señaló que desde el inicio de sus labores, su trabajo se desarrolló «sin la cooperación del gobierno» y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores «representó una seria limitación».
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua -que han dejado unos 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades- se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma del seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos locales, que «sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo» hubo al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.
«En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la audiencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales», indicaron.
La delegación denunció que «numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos».
«Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos», indicó Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos.
Los observadores señalaron además que «el sistema de justicia penal ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización» de los ciudadanos que participaron en las protestas.
«En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado», señalaron los expertos.
– Evitar la impunidad –
Con respecto a la acción de la justicia internacional, Parenti aclaró durante la presentación del informe que Nicaragua no forma parte del estatuto de Roma, por lo que actualmente la Corte Penal Internacional no puede actuar.
«Hoy Nicaragua no es parte de la CPI», dijo el abogado, que sin embargo aclaró que esto no cierra todas las puertas.
«Hoy en día (…) hace falta o que el Consejo de Seguridad de la ONU mande el caso a la CPI o que el propio Estado de Nicaragua en algún momento pueda manifestar su voluntad, lo que es un cambio político, de que la CPI sea competente», explicó a la AFP el experto.
Para evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, los expertos recomendaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU «que inicien una investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país».
Esta semana, el gobierno de Ortega acusó al MESENI y al GIEI de «injerencia» y «falta de imparcialidad y objetividad», y los expulsó, por lo que el informe que iba a ser presentado en Managua fue difundido en Washington.
Esta decisión coincidió con la cancelación de la personalidad jurídica de algunas organizaciones locales y con el allanamiento de medios de comunicación independientes.
Este viernes, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticó severamente la expulsión por Nicaragua de las misiones.
Bachelet se lamentó que «no hay prácticamente ningún organismo independiente de defensa de derechos humanos en Nicaragua», después de que el propio Alto Comisionado fuera expulsado en septiembre.
El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump firmó una ley conocida como «Nica Act» que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Ortega.
«La Nica Act envía otro mensaje contundente de que Estados Unidos va a seguir presionando al régimen de Ortega para que haya un retorno a la democracia y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales», dijo este viernes Robert Palladino, uno de los portavoces del Departamento de Estado.
