Lima (AFP) – Un tribunal peruano decidirá en un plazo de cinco días si libera a Keiko Fujimori, tras escuchar en audiencia los argumentos de la apelación para anular la prisión preventiva de 36 meses de la dirigente opositora, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.
«Dentro del plazo de ley (cinco días) se dará a conocer la decisión de este Tribunal», dijo el juez Octavio Sahuanay, presidente de la Sala de Apelaciones, acompañado por los magistrados Jessica León e Iván Quispe.
Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), permanece en prisión desde hace 45 días acusada de un delito de lavado de activos por recibir aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht.
“Yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No he buscado asilo pese a que varias personas me lo han sugerido”, dijo Keiko vía videoconferencia, en aparente alusión al exmandatario Alan García, investigado por el caso Odebrecht, quien solicitó asilo diplomático a Uruguay, que le fue rechazado.
En los diez minutos que el tribunal le otorgó para dar su versión aseguró estar presa pese a que la fiscalía «no ha mostrado una sola prueba» de que hubiera cometido un delito.
«No ha mostrado que existe peligro de fuga, tampoco obstrucción a la justicia. Yo soy la primera interesada de que hablen las pruebas, que se conozca la verdad», añadió.
Su abogada, Giuliana Loza, dijo que Keiko Fujimori está privada de la libertad en base a declaraciones de testigos protegidos que han dado versiones falsas.
Por su parte, el fiscal Rafael Vela sostuvo que la resolución de prisión preventiva por 36 meses «está correctamente motivada y cumple con todos los estándares de constitucionalidad correspondientes».
Además de la apelación de Fujimori, el tribunal revisa desde el viernes las demandas de otros seis dirigentes de la cúpula del partido de Keiko, Fuerza Popular, que también se encuentran con prisión preventiva.
La fiscalía considera que todos ellos forman parte de «una organización criminal» al interior del partido fujimorista que se dedicó a blanquear 1,2 millones de dólares provenientes de fondos ilícitos de la brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. Fuerza Popular lo niega.
Si el juzgado que resolverá la apelación ratifica la prisión preventiva a Keiko, su aspiración de ser candidata presidencial por tercera vez en 2021 se verá seriamente amenazada.
