Tegucigalpa (AFP) – Un juzgado hondureño tiene previsto dictar sentencia este jueves contra ocho acusados por el asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres, incluyendo un ejecutivo de una empresa de generación eléctrica.
La activista indígena a la que llamaban «guardiana de los ríos» y que fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció incansablemente las amenazas que suponían las represas hidroeléctricas y mineras para los recursos naturales y los hábitats de las comunidades autóctonas.
Su asesinato conmocionó a la comunidad internacional. Con 43 años, Cáceres fue baleada la medianoche del 2 de marzo de 2016 por sicarios que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país, e hirieron a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
El tribunal de sentencia convocó a las partes este jueves a las 16H00 locales (22H00 GMT) para dar a conocer el fallo del juicio iniciado el pasado 20 de octubre.
Pero el proceso ha estado rodeado de críticas. Rodil Vásquez, abogado de la familia y del Copinh, cuestionó el juicio a cargo de un tribunal que fue recusado ante sospechas de que pretendía exonerar de culpa a prominentes banqueros y empresarios socios, así como a ejecutivos y empleados de la firma Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
«Este jueves va a haber un fallo condenatorio contra cinco, incluso puede ser contra los ocho, porque el Estado lo que quiere con este juicio es aparentar, ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional, que hubo justicia», advirtió el abogado en declaraciones a la AFP.
Vásquez manifestó su temor de que el tribunal absuelva al gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, al exjefe de seguridad de esa empresa, Douglas Geovani Bustillo, y a un mayor del ejército acusado de colaborar en el crimen, Mariano Díaz.
los abogados del Copinh y la familia de Cáceres aportaron pruebas de que DESA, la fiscalía, las Fuerzas Armadas y la policía estuvieron coludidos para «desatar una persecución contra Berta, incluso la fiscalía la llevó a los tribunales», para hacerla desistir de su lucha contra la construcción de una hidroeléctrica en territorios ancestrales indígenas.
– Persecución –
En mayo de 2013, Cáceres fue detenida por cargos de portación ilegal de armas. Ella alegó que unos policías le colocaron una pistola en la parte trasera de un vehículo descapotado para incriminarla. Meses después el juez dictó el sobreseimiento del caso.
«Pueden encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello a su territorio ancestral», aseveró en esa ocasión la ambientalista en una declaración al medio digital La Haine.
La familia y Copinh aseguran, según su abogado, que a Cáceres la mandaron a matar influyentes empresarios, banqueros socios de DESA y altos funcionarios del Estado, intocables para el sistema judicial hondureño. Pero las pruebas que aportaron los abogados fueron descartadas por el juzgado.
Entre los acusados por su asesinato está el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, en un juicio separado.
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Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante reiteradas denuncias por amenazas de los empleados de DESA, por rechazar con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Guarcalque, en territorio indígena.
«El Estado incumplió las medidas cautelares», sostuvo Vásquez.
«No vamos a renunciar al anhelo de la verdadera justicia que tenemos como víctimas», declaró a la AFP Berta Zúniga, hija de Cáceres y ahora coordinadora del Copinh.
