San Salvador (AFP) – La iglesia salvadoreña cuestionó este domingo el lento proceso para juzgar a los responsables del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido en 1980 por un escuadrón de la ultraderecha.
El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador «evacúa en complicidad con la Fiscalía de una manera lenta e inefectiva (la causa penal), como que si no existiesen ya más de 38 años de inefectividad e inacceso a la justicia», consignó Tutela de Derechos Humanos, un organismo del arzobispado de San Salvador, en un comunicado publicado en el semanario eclesial Orientación.
En el presente «sobra la creatividad para no hacer justicia, pero escasean las soluciones para un pueblo sediento de verdad, de justicia y de paz», destacó el pronunciamiento.
Romero, quien fue canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre como un férreo defensor de los derechos humanos, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital de enfermos de cáncer, en el sector norte de San Salvador.
Tras ser derogada en 2016 una ley de amnistía que detenía todo clamor de justicia por crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), en mayo de 2017 el juzgado Cuarto de Instrucción reabrió el caso de Romero, pero fue hasta hace un mes que ordenó a la Fiscalía iniciar investigaciones sobre los posibles autores o participes en la comisión del delito de «homicidio agravado».
Tutela recordó que la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar los crímenes de la guerra civil (1980-1992), mencionó en su informe de marzo de 1993, entre otros implicados en el asesinato de Romero, al mayor Roberto D’Aubuisson (un líder de la derecha fallecido en 1992), a Amado Garay (quien condujo en un vehículo al asesino), y al capitán Álvaro Saravia (lugarteniente de D’Aubuisson), entre otros responsables.
En ese sentido, el juzgado dirigió el pasado 23 de octubre oficios a la policía salvadoreña y a la INTERPOL para que «procedan a la búsqueda, ubicación y captura» de Saravia, quien años atrás confesó al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.
«Reabierto el proceso penal contra Álvaro Saravia y todos aquellos implicados en el magnicidio de San Óscar Romero, solo nos queda exigir a la Corte Suprema de Justicia una pronta y cumplida justicia», destacó Tutela.
Más allá del caso de Romero, Tutela reclamó justicia para todos aquellos casos que hayan sido o no judicializados y que hayan sido retomados por la Comisión de la Verdad.
«Qué barreras ahora pueden utilizarse como excusas para no establecer la verdad jurídica y enjuiciar a todos los responsables de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado», se preguntó el organismo humanitario de la iglesia.
