Lima (AFP) – El magistrado peruano Richard Concepción Carhuancho, que envió la semana pasada a Keiko Fujimori a prisión preventiva mientras enfrenta acusaciones de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, reinició este lunes la audiencia contra los asesores de la líder opositora.
El juez escuchó por cinco horas los argumentos del fiscal y de la defensa jurídica de Augusto Bedoya Cámere, fundador del partido fujimorista Fuerza Popular, antes de suspender la audiencia hasta el martes a las 09H00 local (14H00 GMT).
En la audiencia se analizó la situación jurídica de Bedoya Cámere, quien junto a otro dirigente de esa tolda, Jaime Yoshiyama, son acusados de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011, según el fiscal José Domingo Pérez.
Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para Bedoya, al considerar que tras recibir el dinero de Odebrecht el dirigente habría recurrido a sus familiares, amigos y socios para ocultar la procedencia del dinero ilícito.
Pero Bedoya negó haber recibido dinero de la empresa brasileña. «José Barata (Exjefe de Odebrecht en Lima) miente, nunca recibí dinero, no hay pruebas», señaló.
Durante la audiencia el fiscal anunció que existe un nuevo testigo protegido en el caso contra Keiko Fujimori y otros 10 investigados que confirmaría la captación de personas para ocultar la procedencia del dinero.
La audiencia se había reiniciado este lunes luego que el miércoles, tras la sentencia a Keiko, el juez ordenara una pausa larga a fin de que el fiscal y la defensa de los investigados pudieran trabajar los casos.
Según el fiscal, dentro del partido de Keiko Fujimori «había una organización de facto», que manejó los aportes ilegales de campaña, y de la que Bedoya es parte.
Bedoya fue secretario nacional de economía del partido fujimorista Fuerza 2011 (antecesor de Fuerza Popular) hasta el 27 de abril del 2014.
En total, el juez Concepción Carhuancho evaluará si acepta el pedido del fiscal para otorgarle 36 meses de prisión preventiva a once dirigentes y cuadros fujimoristas.
Al ordenar el miércoles prisión preventiva por 36 meses para Keiko, de 43 años, el juez señaló en su fallo que era «la única medida necesaria en su caso», citando actos de interferencia de la líder opositora en los poderes del Estado, como el Congreso, e intentos de obstrucción de la justicia.
El magistrado indicó que existía la «sospecha grave» de que Keiko dirigía una «organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido» fujimorista.
El jueves la líder opositora peruana fue trasladada a una cárcel de Lima.
Además de Keiko Fujimori, hasta el momento, el juez ha evaluado la situación jurídica de las figuras fujimoristas Ana Herz, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Jaime Yoshiyama.
