Lima (AFP) – La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue trasladada el jueves a una cárcel de Lima, un día después de que la Justicia le impusiera prisión preventiva por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, informó el Instituto Nacional Penitenciario.
Keiko, de 43 años, fue recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, en el sur de la capital peruana, tras la decisión de un tribunal el miércoles.
A su salida de la celda del Palacio de Justicia donde pasó la noche en una bolsa de dormir, Fujimori salió sonriente y con las manos esposadas, según imágenes de televisión.
Keiko, que vestía una chaqueta negra y el cabello recogido, fue movilizada en un vehículo policial.
Al ingreso al penal tuvo algunos inconvenientes debido a la presencia de una decena de simpatizantes del partido Fuerza Popular que gritaban «¡Keiko, valiente, aquí está tú gente!».
La justicia peruana dictó el miércoles prisión preventiva para la poderosa líder acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht.
«La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva», pues ella ha interferido en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la justicia, argumentó el magistrado.
Tras el anuncio del juez, Keiko abrazó a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de ser conducida a prisión por varios agentes de policía.
– No dejará la política –
«Es duro, pero ella es una mujer fuerte. Así pase tres años o diez años en la cárcel, ella no va a dejar la política», dijo Villanela.
Al acoger un pedido de un fiscal anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controla el Congreso pero ahora enfrenta una crisis interna que puede derivar en quiebre.
El magistrado indicó que existía la «sospecha grave» de que Keiko dirigía una «organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido» fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito.
La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir 1,2 millones de dólares aportados en forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña de 2011.
La abogada de Keiko, Giuliana Loza, dijo a la radio RPP que el próximo lunes apelará la medida. «No hemos estado frente a un juez imparcial», comento Loza que visito a Keiko por tarde.
«Acabo de conversar con ella, tuve una entrevista muy corta. Sin lugar a dudas manifiesta su indignación y preocupación por la orden judicial que deberá cumplir», señaló la abogada.
El juez afirmó que esa «organización criminal» integrada por 13 personas tomaba las decisiones en el partido fujimorista, «por encima del comité político» y de la bancada parlamentaria.
La meta de la organización era «acceder al poder político y una vez en el poder cometer delitos de corrupción», expresó Carhuancho, quien ahora debe resolver pedidos de prisión para otros 10 imputados en la misma causa. La audiencia seguirá el lunes.
Keiko, quien arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que ahora debe enfrentar, manejaba autocráticamente al partido y dirigía desde las sombras al Congreso, según revelaron los chats grupales de los líderes fujimoristas, filtrados por la prensa.
La líder política de ancestros japoneses estuvo una semana detenida en forma «preliminar» por esta causa a mediados de mes, igual que sus coacusados Pier Figari y Ana Herz.
El juez se tomó casi ocho horas en fundamentar su fallo, aduciendo que el Tribunal Constitucional fijó «un estándar mucho más exigente» para la prisión preventiva cuando en junio liberó al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia.
Ellos fueron los únicos políticos peruanos que, antes de Keiko, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht. Heredia estuvo recluida en el mismo penal de Keiko.
En tanto Miguel Torres, coordinador de Fuerza Popular, dijo a la prensa que «Keiko es la primera presa política en el Perú».
La primera vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró que la decisión del poder judicial fue sin injerencia alguna del gobierno.
«Aquí no hubo intervención del gobierno. Es una decisión meramente del fiscal y del juez correspondientes», comentó a la prensa la también congresista del partido Peruanos por el Kambio.
El juez Carhuancho basó su fallo contra Keiko en la «autoría mediata», del jurista alemán Claus Roxin, la misma que antes invocó la justicia para condenar a su padre.
