Lima (AFP) – El presidente de Perú, Martín Vizcarra, vetó el lunes un proyecto de ley aprobado por el Congreso que concede arresto domiciliario a presos mayores de 65 años con enfermedades graves o crónicas, «hecho a la medida» del expresidente Alberto Fujimori.
«Hoy (lunes) estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados», declaró a periodistas Vizcarra, quien instó al Congreso, controlado por la oposición fujimorista, a mejorar el proyecto a través de un mayor debate.
El proyecto del partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista), que domina el Congreso, busca evitar que el exgobernante, de 80 años, vuelva a prisión luego de que la justicia peruana anulara el 3 de octubre un indulto que consiguió en diciembre, mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Vizcarra aseguró que se necesita «una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad».
«Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas», agregó.
Sin embargo, el veto de Vizcarra puede ser meramente simbólico, pues el Congreso peruano tiene la potestad para aprobar por insistencia cualquier proyecto, en una segunda votación 15 días después, con lo que se convierte automáticamente en ley.
– Tendiendo puentes –
El veto presidencial, sin embargo, deja abierta la vía para tender un puente de entendimiento entre la implacable mayoría fujimorista y el gobierno.
«Creemos que es necesaria una norma de este tipo, pero tiene que ser evaluada, justificada y consensuada», matizó Vizcarra.
Vizcarra justificó el veto argumentando que se trata de un proyecto «inconstitucional», porque invade competencias del poder judicial, según el oficio que envió al presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry.
Este proyecto, aprobado por el Congreso el 11 de octubre gracias a la amplia mayoría del partido que lidera Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente (1990-2000), ha recibido críticas de defensores de los derechos humanos.
Consciente de las críticas, la legisladora fujimorista Úrsula Letona había anticipado que en caso de veto su bancada buscaría resolver las observaciones dialogando con el gobierno.
«Serán los propios congresistas y las diversas bancadas si deciden allanarse a las observaciones o insistir con el proyecto”, dijo Keiko Fujimori a la televisora local ATV en reacción al veto presidencial.
– Indulto polémico –
La organización Amnistía Internacional señaló que la aprobación de esta ley significaría un golpe a los familiares de las víctimas de Fujimori.
«Es importante que las familias de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos reciban muestras claras por parte del Estado peruano de que su larga lucha por justicia va a ser respetada», dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía en Perú, citada en un comunicado.
«Celebro la decisión del Presidente @MartinVizcarraC de observar la Ley Fujimori. Se trataba de un proyecto selectivo y hecho a la medida para asegurar la libertad de un expresidente autocrático condenado por graves violaciones de derechos humanos», escribió en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas.
El exgobernante de ancestros japoneses permanece internado en una clínica de Lima en calidad de detenido desde que la justicia anuló su indulto. Su médico dice que padece de hipertensión, arritmia cardiaca y una lesión lingual cancerígena.
Fujimori pidió a las autoridades que no lo envíen de regreso a prisión alegando que eso significará una «condena a muerte» para él.
La propuesta del Congreso establece una «modalidad de ejecución humanitaria de la pena para adultos mayores», a la que pueden postular los presos mayores de 65 años, «con enfermedad grave o crónica acreditada».
La justicia ordenó que Fujimori retorne a prisión por irregularidades en la tramitación del indulto que le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que entonces fue criticado por organismos internacionales y entidades de derechos humanos.
Fujimori lleva cumplidos 12 años de su condena de 25 años por la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, en dos operaciones de un escuadrón de la muerte conformado por militares.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, la justicia lo condenó en 2009 como «autor mediato» de esos asesinatos, así como del «secuestro agravado» de dos personas, una de ellas un periodista.
