Managua (AFP) – El gobierno de Nicaragua rechazó este miércoles un informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, y dijo que el organismo «se extralimitó» al emitir el documento, que calificó de «irrespeto» a la soberanía del país.
Según el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) «no fue invitado a una visita in loco (sobre el terreno) con fines de observación a los derechos humanos, ni la resolución de la Asamblea General 48/141 invocada en el precipitado informe les concede esta facultad».
La administración de Ortega dijo que el informe del ACNUDH «prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas».
Las observaciones del gobierno fueron anexadas al documento del Alto Comisionado, publicado en Managua y Ginebra.
La crisis desatada por las protestas deja en el país más de 300 muertos, 2.000 heridos, una cantidad no precisada de detenidos, desaparecidos y miles de personas que han emigrado países vecinos por temor a represalias.
Según el gobierno hay 198 víctimas mortales de la violencia en la crisis de las protestas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un «clima de miedo».
«La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista», señaló Al Hussein.
El coordinador de la misión de ACNUDH, Guillermo Fernández, manifestó en rueda de prensa que «no es un informe que responde a la invitación del gobierno, sino al mandato universal de la ONU» de protección y promoción de derechos humanos.
Entre las violaciones documentadas por el organismo están «el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos».
«En casos en que hubo violencia por parte de los manifestante, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades (…) así como la utilización de grupos armados progubernamentales, fueron violatorias al derecho internacional de los derechos humanos», señala el informe.
Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma de la seguridad social, y derivaron en una exigencia para la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, señalados de corrupción y nepotismo.
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