Washington (AFP) – La secretaría general de la OEA pidió el martes desconocer todos los actos del «ilegítimo» Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, refiriéndose en particular a recientes pedidos de extradición vinculados al aparente atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

La secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que encabeza Luis Almagro, dijo que las «espurias solicitudes de extradición por parte del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura (…) deben ser desconocidas al unísono por la comunidad internacional por ser fraudulento el órgano que las emite».

En un comunicado, señaló que las únicas instituciones democráticas en Venezuela son tres: la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia cuyos miembros eligió esa asamblea, y la Fiscalía General, destituida por la «fraudulenta» Asamblea Nacional Constituyente.

Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Fiscalía General legítimos actúan en el exilio, agregó.

El comunicado subrayó que solo los actos de estas tres instituciones «cuentan con la legitimidad y la legalidad que obligan a su acatamiento por parte de los órganos y soportes de los mismos en Venezuela, y a su validación por parte de la comunidad interamericana e internacional».

«Es necesario trasladar a la práctica las consecuencias jurídicas y políticas respecto a la ruptura del orden institucional en Venezuela», afirmó.

El jueves pasado, el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas autorizó pedir a Colombia la extradición del diputado opositor exiliado Julio Borges, acusado de atentar contra Maduro.

Ese máximo tribunal, acusado de servir a Maduro, también declaró «procedentes» las solicitudes de extradición de otros seis acusados, dos desde Colombia, tres desde Estados Unidos y uno desde Perú.

El 4 de agosto, durante un desfile militar en Caracas, dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que Maduro daba un discurso y el gobierno insiste en que fue un atentado contra el mandatario urdido por sus opositores y «planificado y ejecutado desde el territorio estadounidense».

Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas, incluido el diputado opositor Juan Requesens, el general de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.

– Justicia paralela –

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia elegidos por la mayoría opositora a Maduro en la Asamblea Nacional están exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá.

Ese tribunal paralelo condenó el miércoles pasado a 18 años y tres meses de prisión a Maduro por corrupción en el caso de la brasileña Odebrecht.

La sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega.

Ortega, quien fue ferviente chavista, rompió con el gobierno de Maduro tras acusar al TSJ de «romper el hilo constitucional» cuando asumió temporalmente funciones del Parlamento.

Ortega huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.

La justicia venezolana declaró «procedente» pedir la extradición de Ortega, a quien se incluyó en las investigaciones por el caso de «magnicidio en grado de frustración» contra Maduro.

Ortega sería juzgada por «traición a la patria» y «usurpación de funciones», indicó el TSJ el viernes pasado.

También consideró «procedente» pedir la extradición de Rafael Ramírez -antiguo presidente de la petrolera PDVSA y cercano aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) exiliado en Colombia- a quien se acusa de integrar «una trama de corrupción» por la que han sido detenidos unos 90 exfuncionarios.

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