Los Angeles (AFP) – Cientos de padres y niños migrantes separados al entrar a Estados Unidos por la frontera con México seguían este jueves en el limbo, a pocas horas de que venza el plazo para su reunificación.
La lentitud del gobierno del presidente Donald Trump y la deportación de algunos padres dificultan la reunión de las familias antes del cumplirse el plazo -a la medianoche (7h00 GMT)- fijado por el juez federal de California Dana Sabraw.
A esa hora se espera que el gobierno ofrezca una actualización, aunque sus abogados ya reconocieron en los tribunales esta semana que no todas las familias serán reunidas antes de que se venza el plazo.
«El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó», dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que introdujo la demanda en San Diego que llevó a Sabraw a fijar el plazo.
El gobierno señala que ha identificado a 2.551 niños de 5 a 17 años que pueden acogerse a la orden del juez Sabraw. También detalló que para el jueves espera reunir a las 1.634 familias que estima «elegibles».
Los otros 917 cayeron bajo la categoría de «inelegibles», según un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. Esto significa que los vínculos familiares no han podido ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.
De ellos, 463 ya podrían estar fuera del país, algunos voluntariamente, lo que complica enormemente cualquier posible reunificación con sus hijos.
«Aún no hemos recibido una lista de las familias que fueron reunificadas y dónde fueron reunificadas», destacó Gelernt, que insistió en calificar de «cruel e inconstitucional» estas separaciones, derivadas de la política de «tolerancia cero» que el gobierno Trump aplicó durante seis semanas contra los migrantes que entraban al país por la frontera sur ilegalmente o pidiendo asilo.
Trump anunció el fin de esa política tras una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente tras la difusión de un audio -presuntamente obtenido en un albergue- en el que se escucha a niños pequeños llorando y llamando a sus padres, que en su mayoría migraron para huir de la violencia de las pandillas en América Central.
«Es un desastre que ellos crearon», zanjó Gelernt en una conferencia telefónica.
– «Secuestro y abuso infantil» –
Una nueva audiencia judicial está prevista para el viernes. Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a ACLU recomendaciones sobre alguna sanción.
Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados «inelegibles».
«No estamos buscando sanciones punitivas solo por querer ser punitivos, queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora», dijo Gelernt.
Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.
«El plan del gobierno es reunificarlos y removerlos, creemos incluso que el mismo día sin tiempo para ninguna discusión», indicó.
Parlamentarios demócratas, que visitaron recientemente centros de detención cerca de la frontera, acusaron al gobierno de continuar separando familias, y pusieron en duda que más de 400 padres abandonaran voluntariamente a sus hijos.
«Nadie elige ser separado como dice este gobierno», dijo la senadora Catherine Cortez Masto.
«Creo que Estados Unidos está involucrado en secuestro y abuso infantil, y que alguien debe rendir cuentas por estos crímenes», zanjó por su parte el congresista Jan Schakowsky.
ACLU indicó que muchos padres firmaron, sin entender, un confuso permiso para dejar a sus hijos en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que «tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos».
Pero ubicar a los padres que fueron deportados en en México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo «detectivesco».
Hasta la fecha, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).
Esa cifra incluye niños y adolescentes que entraron ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de un adulto. Pero también contabiliza a menores que entraron con sus familias, fueron separados y luego reclasificados como UACs al llegar a los albergues.
Hasta el 16 de julio, 44.210 migrantes adultos estaban bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
