Acapulco (México) (AFP) – Ser candidato en México «prácticamente es una sentencia de muerte», dice casi susurrando Mario Alberto Chávez, aspirante a la alcaldía de Zumpango, en el violento estado de Guerrero. Este sobreviviente de un atentado hace «campaña con miedo» porque no tiene escoltas a pesar de haberlas solicitado.

«Iba a renunciar a la campaña, pero decidí que vale la pena seguir para sacar a mi comunidad de la pobreza y la inseguridad», explica Chávez.

El 18 de abril, el candidato cenaba en un restaurante de Zumpango cuando un hombre armado irrumpió y sin mediar palabra abrió fuego contra su mesa dejando heridos a tres de sus colaboradores.

«Decidimos no hacer mítines, hacer campaña de casa en casa», confiesa a la AFP el abanderado de Nueva Alianza, de 35 años y padre de un niño.

– Cientos de candidatos renunciaron –

La violencia electoral se ha sumado a la angustia de los mexicanos que cerraron el 2017 con la cifra récord de 25.339 asesinatos.

Más de 200.000 personas han sido asesinadas y otras 30.000 están desaparecidas desde que en 2006 el gobierno militarizó el combate al narcotráfico.

Desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado -que concluirá el 1 de julio con la elección del presidente y otros 18.000 puestos- al menos 114 políticos y candidatos han sido asesinados, de acuerdo con la consultora Etellekt.

En Guerrero, 496 candidatos renunciaron y sólo 56 de esas candidaturas fueron sustituidas, de acuerdo con la autoridad electoral regional.

«México lamentablemente es un país que vive una crisis de seguridad desde hace 10 años y hoy estamos realizando la elección más grande de nuestra historia», comentó a la AFP el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

«¿El contexto de violencia en el país irrumpe en la política? La respuesta es sí y es grave», atajó Córdova, que señala directamente a las fuerzas de seguridad como responsables de la sangre de políticos que corre por lo menos una vez a la semana.

En algunos casos los motivos parecen estar claros.

El 8 de junio Fernando Purón, un exalcalde de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, aspirante a una diputación federal, fue asesinado al salir de un debate en el que recordó su combate contra el cártel Los Zetas.

En otros casos surgen más dudas, como en el de Pamela Terán, candidata a concejal de la alcaldía de Juchitán, Oaxaca, asesinada el 2 de junio. Ella es hija de Juan Terán, encarcelado y acusado de ser el capo de un cártel regional.

– Campañas con miedo –

El gobierno ha dicho que la semana pasada recibió 49 solicitudes de escoltas a nivel federal, pero solo han sido otorgadas 12, cinco fueron rechazadas y 32 siguen pendientes.

Varios candidatos consultados por la AFP reconocieron hacer su campaña con miedo, y algunos de ellos han decido tomar la seguridad en sus manos.

Es el caso de Nestora Salgado, la controvertida abanderada al Senado de Guerrero por el izquierdista partido Morena, cuyo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador es puntero.

«Hacemos responsable al gobierno de lo que nos siga pasando», enjareta Salgado.

Armados con viejas escopetas y rifles de bajo calibre, medio centenar de policías comunitarios la rodean durante su marcha proselitista en el selvático municipio de San Luis Acatlán.

«Si no nos están dando seguridad es porque no les convendría (al gobierno) que yo llegara al Senado porque llevo la voz del pueblo», comenta a la AFP Salgado, que ha recibido llamadas de amenazas e incluso ha encontrado cabezas de perros afuera de su casa.

Durante la marcha, estos combatientes voluntarios, jóvenes y viejos que tienen formación como agricultores, albañiles, carpinteros, se desplazan con rapidez por las calles empinadas para cubrir todos los flancos.

En su natal Olinalá, Nestora fundó y lideró la policía comunitaria para enfrentar a carteles de drogas, coludidos en ocasiones con autoridades, hasta que en 2013 fue acusada y encarcelada por secuestro y liberada casi tres años después por falta de pruebas.

En el otro extremo de la historia está el empresario Joaquín Badillo, candidato a la alcaldía de Acapulco por una coalición hecha por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) y Acción Nacional (PAN, derecha).

Acapulco es una de las ciudades más peligrosas de México, pero «Jako» Badillo no pidió escoltas al gobierno; es dueño de una empresa de seguridad compuesta por unos 3.000 escoltas y bancos de armas de alto calibre.

Badillo, un exseleccionado de natación de 40 años, sale de su casa enclavada en un cerro con una vista espectacular de la Bahía de Acapulco, rodeado de una decena de exmilitares o expolicías que son sus guardaespaldas.

Las armas que portan las escoltas de «Jako» no son visibles, pero su actitud de feroces vigilantes se percibe a cuadras de distancia y en sus camionetas blindadas no faltan las armas largas.

«El miedo no anda en burro y uno toma sus precauciones», dice Badillo.

Rubén Salazar, director de Etellekt, baraja las posibles causas de la violencia.

Tras la militarización de la lucha antidrogas, los carteles se han fragmentado y se están «yendo a refugiar a muchas de estas localidades (donde ocurren los crímenes)» buscando el apoyo de candidatos, «y se deshacen de aquellos con los que no logran un pacto».

También es posible, concluye, que como las propuestas de justicia son promesas de encarcelamiento de integrantes de administraciones pasadas, «se han convertido en un ofrecimiento de sangre a los electores».

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