Los restos de 23 desaparecidos son entregados a sus familias en Perú

Huanta (Perú) (AFP) – «Papi, papi», dice llorando la campesina Asunta Ñaupari ante el ataúd con los restos de su marido, quien estaba desaparecido desde 1984 después de ser capturado por militares peruanos que pensaban que era un guerrillero de Sendero Luminoso.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Fiscalía peruana entregaban a familiares este miércoles, en la región andina de Ayacucho, los restos de 23 desaparecidos que fueron encontrados en fosas comunes e identificados con análisis forenses.

«Después de tanto tiempo que he estado buscando con mucho sufrimiento, ahora al ver los restos de mi esposo quedaré más tranquila», explica a la AFP Ñaupari, de 75 años, hablando en quechua y con la ayuda de un intérprete.

«Durante todo el tiempo de búsqueda, siempre soñé a mi esposo que me decía: ‘Te voy a mandar platita para que tú te compres ropita'», relata con lágrimas esta mujer que quedó viuda con seis hijos pequeños hace 34 años.

Ayacucho, palabra quechua que en español significa «el rincón de los muertos», fue el epicentro del conflicto armado interno peruano (1980-2000) y el lugar del centro del país donde nació el grupo maoísta Sendero Luminoso, que cobró notoriedad por su crueldad.

Las fuerzas armadas también actuaron sin contemplación en su cruzada antisubversiva, lo que dejó a los campesinos a merced de ambos bandos.

– «Podrá descansar en paz» –

Los 23 féretros con los restos de las víctimas fueron velados en el auditorio de la municipalidad de Huanta, una ciudad ayacuchana de 40.000 habitantes donde comienza la selva, situada unos 400 km al sureste de Lima.

En Huanta, instaló su cuartel general la infantería de Marina durante esta campaña de terror.

Otros 27 restos encontrados serán entregados próximamente a familiares, después de que sean identificados.

Hace unas semanas, Asunta Ñaupari acompañó a su hija Lucinda Farfán, de 40 años, a entregar una muestra de ADN que permitió la identificación de los restos.

Su marido, Alejandro Farfán, estaba pastando al ganado cuando fue capturado por una patrulla de infantes de marina que llegó al poblado de Yanasraqay, en agosto de 1984.

Los militares pensaban que Farfán, que tenía entonces 25 años, era senderista. Lo asesinaron a golpes y puñaladas. Luego lo enterraron en una fosa común, con otras víctimas.

«Ahora mi padre podrá descansar en paz, vamos a enterrarlo en (la comunidad de) Culluchaca», dice Lucinda abrazando a su madre.

Al auditorio municipal llegaron decenas de familiares para velar los restos, en su mayoría mujeres vestidas con trajes típicos andinos y masticando hoja de coca.

Son «23 cuerpos de personas desaparecidas que ya fueron identificadas, estamos entregándolas a sus familiares para que luego sean enterrados en su comunidad», dice a la AFP Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas del CICR.

Explica que esto permitirá que sus familiares cierren décadas de sufrimiento.

«La problemática de un desaparecido afecta a toda una familia, que están capturados hasta no darle sepultura digna», comenta Cori.

En presencia de las familias, los antropólogos de la fiscalía colocaron los huesos de cada una de las 23 víctimas identificadas en pequeños ataúdes blancos.

Luego de una misa en la catedral de Huanta, los féretros fueron llevados por los familiares para ser sepultados, en algunos casos en remotas comunidades situadas a casi 4.000 metros de altura.

«Vamos a acompañar a nuestros hermanos que su vida fue arrancada por violencia», dijo durante la homilía, celebrada en español y quechua, el arzobispo de Ayacucho, Salvador Piñeira.

Al salir de la catedral, los féretros fueron paseados alrededor de la plaza principal de Huanta por sus familiares, quienes los cargaron mientras una banda musical interpretaba temas de la zona. Otro grupo de familiares los acompañaba con flores antes de subir los féretros a una caravana de camionetas que los llevarían al cementerio para sepultarlos.

– Ayacucho concentra casos –

De los 23 cuerpos devueltos, uno quedó retenido por la justicia y no pudo ser enterrado formalmente por ser parte de una investigación judicial, según señaló la fiscalía.

«Ahora podré enterrar a mi padre después de mucho tiempo», dice a la AFP Emilia Ayala, hija de Julián Ayala, asesinado junto a otras 21 personas por senderistas en el poblado de Pampacancha.

Senderistas mataron a cuchillazos a muchos de estos pobladores, según un reporte de la fiscalía.

Hace dos semanas, Perú elevó oficialmente a 20.329 las personas desaparecidas en el conflicto armado interno, un tercio más que en el anterior recuento, durante las dos décadas de violencia política, desde que Sendero Luminoso lanzó una «guerra popular del campo a la ciudad» hasta su derrota ante las fuerzas de seguridad.

Ayacucho concentra 40% de los casos de desaparecidos de Perú.