Ciudad de Guatemala (AFP) – El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue sepultado este domingo, pocas horas después del anuncio de su fallecimiento a los 91 años, ocurrido en medio de un juicio en su contra por el presunto genocidio cometido durante su régimen entre 1982-83.
Ríos Montt murió en su residencia a causa de un infarto, según dijo a periodistas Jaime Hernández, uno de los abogados que defendió al exdictador durante el juicio por genocidio, un proceso que volvió a abrir las heridas de la guerra civil que ensangrentó a Guatemala durante 36 años.
Otro de sus abogados defensores, Luis Rosales, comentó que el exjefe de Estado falleció «con su conciencia sana».
Rosales aseguró al diario Prensa Libre que Ríos Montt «murió en paz, tranquilo, y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa» en el marco de la guerra civil.
Grupos conservadores y de extrema derecha de Guatemala respaldaron siempre a Ríos Montt al afirmar que en el país nunca se cometió genocidio y que las víctimas fueron producto del enfrentamiento armado registrado entre 1960 y 1996.
Los restos del exjefe de estado fueron sepultados este mismo domingo en una cementerio privado de la capital, tras una ceremonia religiosa con familiares y otros allegados.
Según un amigo cercano, la decisión de enterrarle el mismo día de su fallecimiento había sido tomada por el entorno familiar.
«Recuerdo que se fue libre, que murió libre», gritó la hija de Ríos Montt, Zury Ríos, mientras que amigos la secundaron con un: «¡Viva el general Ríos Montt, el que nos libró de los comunistas!».
– «Los pueblos no perdonan» –
Paralelamente al sepelio, decenas de familiares de víctimas realizaron una protesta frente al antiguo Palacio de Gobierno en el centro de la capital para exigir justicia y criticar la impunidad que prevaleció sobre las acusaciones contra Ríos Montt hasta su muerte.
«Ríos Montt Genocida, los pueblos no perdonan, no olvidan» escribieron con pintura roja sobre el asfalto de una calle del Palacio Nacional, además mancharon con ese color la bandera guatemalteca para representar la sangre derramada durante su régimen.
Al exmilitar, sindicado de arrasar aldeas indígenas mayas durante su violento régimen, se le había diagnosticado demencia senil y otros serios padecimientos médicos desde hace unos años.
El proceso penal, interrumpido por su muerte, le hubiera permitido, en caso de haber sido condenado, cumplir la pena en su residencia o en un centro asistencial que la familia designara.
El exjefe de Estado había sido condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por el delito de genocidio por un Tribunal de Mayor Riesgo. Sin embargo, diez días después su condena fue anulada por fallas procesales por la máxima instancia penal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).
A Ríos Montt, el tribunal lo responsabilizó de la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché (norte) durante su gobierno de facto.
– En nombre de las víctimas –
El abogado del querellante adhesivo Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), Héctor Reyes, afirmó a la AFP que Ríos Montt «murió condenado por genocidio y delitos de lesa humanidad como quedó demostrado ante el tribunal» con el fallo condenatorio de 2013.
«Nosotros hablamos en nombre de las víctimas del grupo étnico afectado, representamos la voz de ellos», agregó, tras indicar que cada 10 de mayo desde 2013 conmemoran la sentencia porque «para nosotros sigue vigente».
En la misma línea se refirió el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, al criticar la anulación de la sentencia pese a que fue «citado, oído y vencido en juicio y que se dictó en los parámetros legales».
«Lamentamos que el cumplimiento de esa sentencia no se haya ejecutado y que no haya estado vigente», insistió.
Asimismo, dijo que lamentan que «una persona que creemos tenía responsabilidad de los grandes hechos que ofenden a la humanidad como es el genocidio no haya cumplido adecuadamente con una sentencia».
Ríos Montt llegó al poder por medio de un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982 y fue derrocado de la misma forma por su ministro de la Defensa, Oscar Mejía Víctores, el 8 de agosto de 1983.
Su corto periodo fue considerado uno de los más violentos durante los 36 años de guerra civil que ensangrentó el país, según un informe de la ONU presentado en 1999 donde se afirma que en Guatemala se cometió genocidio.
El documento precisó que entre 1978 y 1984 ocurrió el 91% de las violaciones de derechos humanos de la guerra, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos.
